El separatismo desafía a la JEC y ratifica a Torra en el cargo

La decisión de la Junta Electoral Central (JEC) inhabilitando a Quim Torra ha estallado en pleno proceso de investidura de Pedro Sánchez y permitirá medir, de inmediato, hasta dónde llega el viraje del presidente del Gobierno, una vez reelegido el martes en el Congreso con la abstención de ERC. Los partidos separatistas, envalentonados, han aprobado hoy una propuesta de resolución -con la abstención del partido de Ada Colau- que exige el reconocimiento del derecho de autodeterminación –recurrido siempre por el Gobierno y suspendido por el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones– y ratifica a Torra como president y diputado del Parlament. Torra, tras esa votación apoyada por las fuerzas independentistas, enfila la desobediencia a la JEC y se mantendrá en el cargo.

El president, que todavía no ha recibido la notificación formal del órgano electoral, ha reclamado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona, encargada de ejecutar la resolución de la JEC y retirarle la credencial de diputado e inhabilitarle, que no aplique aún los efectos hasta que el Tribunal Supremo resuelva el recurso que interpondrá. En cualquier caso, ha dado hoy sobradas muestras de que su intención es atrincherarse en la presidencia de la Generalitat y, en ese sentido, cuenta con el apoyo de ERC, que hasta ahora se había alejado de sus socios de Govern en circunstancias de este tipo y siempre había evitado las estridencias y el desafío a la Ley.

De hecho, el vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado que Torra encabezará la delegación catalana en la primera reunión de la mesa de negociación con el Gobierno, dando por hecho que no asumirá la inhabilitación, y ha situado ese encuentro a finales de enero.

«Si esta cámara rechaza la resolución de la junta electoral y no aplica mi destitución, yo continuaré siendo presidente de la Generalitat y diputado», ha abundado Torra durante su intervención en el Parlament en respuesta a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) y ha afirmado que, pese a que no tiene ningún interés de aferrarse a la presidencia de la Generalitat, desde hoy se pone a disposición del Parlament para continuar «avanzando si está dispuesto a no claudicar ante la represión».

El debate parlamentario ha tenido episodios de tensión porque, en un principio se había convocado para que compareciera Torra, pero, tras una larga mañana de negociaciones, ha acabado incluyendo la votación de tres propuestas de resolución –la de los grupos independentistas, una del PSC y otra de los «comunes»–. En cualquier caso, la tensión no ha derivado, como en otras ocasiones, en duras broncas.

PSC y «comunes», como gesto en busca de la distensión, han mostrado a medias su apoyo a Torra en los discursos que han efectuado en la cámara, aunque han criticado duramente su gestión. El president, previamente, había pedido el respaldo de ambas fuerzas parlamentarias como señal de que «la represión política se ha acabado y si es rechazada y combatida». Ambos partidos han optado por reconocer a Torra como president y se han mostrado a favor de «blindar» las instituciones pese a criticar, eso sí, el papel de ERC y JxCat en el Govern. Reveladora fue la forma en la que Iceta ha saludado a Torra, refiriéndose a él como «muy honorable presidente de la Generalitat» para luego cargar contra la resolución de la JEC de inhabilitarle sin una sentencia firme.

«La JEC se debería haber inhibido», ha asegurado sin tapujos el líder socialista, quien ha lanzado algún que otro guiño a ERC –«ha hecho una apuesta por no impedir un Gobierno que abra un camino de pacto y diálogo, en el marco de la ley, o hasta para cambiarla», ha dicho– y ha pedido unir fuerzas en defensa del autogobierno. «Por la defensa del Estatut, del autogobierno, de nuestras instituciones, vayamos juntos. Discrepamos mucho de su ejercicio, pero respetamos a la institución. Espero que todos estemos a la altura del momento».

Si bien los socialistas han instado a Torra a recurrir la inhabilitación de la JEC al Supremo -así lo han hecho constar también en una propuesta de resolución propia, que ha sido rechazada-, los «comunes» han ido más allá al tildar la resolución de la JEC de «aberración jurídica» y calificarla de «trampa de Casado, Abascal y Arrimadas».

Enfrente del independentismo se han situado de nuevo Ciudadanos y el PP. El líder popular, Alejandro Fernández, ha acusado al PSC y al PSOE de «desacreditar y desprestigiar» a la JEC tras las críticas socialistas a la decisión de este organismo y ha defendido que desde su partido actuarán siempre «sin aspavientos ni tentaciones autoritarias». «El daño es inaceptable y empieza a ser irreversible», ha zanjado.