Cataluña

Libertad con fianza para los dos últimos CDR en prisión

El juez García Castellón ratifica el carácter terrorista de la célula, pero permite a Jordi Ros y Germinal Tomás salir de la cárcel si abonan 30.000 y 15.000 euros, respectivamente

Uno de los integrantes de los CDR detenidos en la "operación Judas", durante su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional.
Uno de los integrantes de los CDR detenidos en la "operación Judas", durante su declaración ante el juez en la Audiencia Nacional. ©SUMARIO OPERACIÓN JUDAS

Los dos únicos integrantes de los Comités de Defensa de la República detenidos el pasado septiembre en la “operación Judas” que siguen en prisión podrán salir de la cárcel. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado -en contra de la Fiscalía- que Jordi Ros y Germinal Tomás puedan recuperar la libertad si pagan fianzas de 30.000 y 15.000 euros, respectivamente. Eso sí, el magistrado les impone la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, les retira el pasaporte y les prohíbe salir de España. Según fuentes jurídicas, la Fiscalía no tiene previsto recurrir la decisión.

Y eso que el instructor reitera su presunta pertenencia a una organización de carácter terrorista -puesta en duda por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional-, que asemeja con la “irrupción y proliferación de grupos terroristas” del islamismo violento, “donde priman las estructuras horizontales en detrimento de las verticales”.

El juez García Castellón recuerda que el Equipo de Respuesta Táctica (ERT) al que supuestamente pertenecían ambos y los otros cinco detenidos, ya en libertad bajo fianza, llegó a adquirir sustancias que “podían ser empleadas como precursores de explosivos” e incluso “ya habían comenzado efectivamente a su fabricación”, según consta en informes “preliminares” de la Guardia Civil. Asimismo, añade, “constan indicios de planificación de colocación de artefactos en instalaciones ferroviarias, red eléctrica y cuarteles de la Guardia Civil”.

El instructor considera que formaban parte de "una célula fuertemente organizada y clandestina, integrada en el paraguas de los CDR" cuyos miembros apostaban por "un aumento manifiesto de la radicalidad en sus acciones", con indicios de que se encontraban ya en "un avanzado estadio respecto a la confección de materiales explosivos". Y todo para lograr la "materialización de la República Catalana mediante cualquier vía, incluidas las violentas".

De hecho, constata que Ros “ha estado manipulando sustancias químicas con la finalidad de conseguir termita, cloratita y otros explosivos” en dos “laboratorios” clandestinos: el domicilio de sus padres y la vivienda de otro de los detenidos, Alexis Codina

Y aunque está acreditada la participación de Ros y Tomás en la “manipulación, confección y preparación de sustancias con la finalidad de ser convertidas en compuestos explosivos e incendiarios”, el magistrado considera que debe suavizarse la medida cautelar de prisión. Respecto a Tomás, tiene en cuenta su arraigo personal y familiar, que mitiga el riesgo de fuga, dado que dispone de “un domicilio concreto, en el cual reside la mujer y los hijos del investigado”, tiene un empleo cerca de su vivienda “y una red social y familiar consolidada en la zona”.

En cuanto a Ros, además de la situación personal de arraigo (dispone de domicilio conocido donde reside junto a su pareja y tiene una "expectativa fundada" de obtener un empleo cerca de su vivienda), el juez García Castellón ha ponderado el tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión y "la necesidad de practicar determinadas diligencias de investigación que pueden prolongar esta fase preparatoria".

Los otros cinco detenidos en la Operación Judas ya fueron puestos en libertad con fianzas entre 5.000 y 10.000 euros.

Según la investigación, Ros y Tomàs formaban parte del “núcleo operativo” del ERT. El pasado 13 de diciembre los grupos independentistas de JxCat, ERC y la CUP ya presentaron una propuesta de resolución en el Parlament para pedir la libertad inmediata de los miembros de los CDR en prisión y el archivo de la causa abierta por la Audiencia Nacional. En el documento denunciaban una supuesta vulneración de derechos fundamentales y de las garantías procesales de los detenidos y tachaban la causa de “una operación de Estado contra el independentismo”.