“Iban a dejar sin patio a los niños que no respondieran a la encuesta independentista”

El enfado de 40 familias del Instituto El Morell de Tarragona es tan grande que el lunes incluso se reunieron en Madrid con el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Muragán. El motivo es una encuesta nominal obligatoria para los alumnos, en la que, entre peticiones de datos personales y familiares (por ejemplo, la profesión de los padres), se les preguntó por si apoyan el movimiento independentista.

Concretamente, se instó a los alumnos a puntuar de 1 a 5 su apego al «procés». Una familiar de los estudiantes, que prefiere lógicamente mantenerse en el anonimato, aseguró a LA RAZÓN que, además de que había evidentes errores en la elaboración de la encuesta, quedó claro que los niños que no respondieran a las preguntas «se quedarían sin ir al patio», debido a que responder el cuestionario era obligatorio, y con el nombre. Se trata de alumnos de segundo, tercero y cuarto de ESO, y la encuesta fue elaborada por la Universitat de Lleida (UdL). «Se trata de una encuesta política encubierta», denunció el familiar del estudiante.

El mismo familiar vio como en noviembre su hijo contó lo de la encuesta. Pensó en quejarse, pero fue finalmente la Asociación de Madres y Padres (Ampa) quien lo hizo, y dentro de ellos, había opiniones de todos los tipos.

También se quejó de que en el mismo instituto han habido huelgas por motivos políticos, además de varios manifiestos en el patio del centro.

Pero además de la encuesta, huelgas y manifiestos, hay más. Añadió a este diario que «se ha llegado a leer la condena por megáfono, en voz alta, de cada uno de los nueve líderes independentistas presos».

Tal y como se denunció el lunes ante el Defensor del Pueblo, añadió que «hay profesores que llevan lazos amarillos y también la chapa pidiendo la libertad de los presos».

Estas familias están asesoradas por la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB). Su presidenta, Ana Losada, precisamente explicó el lunes a LA RAZÓN que, «ante la falta de atención y de respuestas por parte tanto de la conselleria de Educación y el Síndic de Greuges» fueron a denunciar todos estos hechos ante el Defensor del Pueblo, es decir, y es significativo, fuera de Cataluña.

Como tantas otras voces en los últimos años, Losada denunció que «el adoctrinamiento político e independentista en las escuelas catalanas es continuado».

De esta manera, un total de 40 familias de este instituto pidieron amparo al Defensor del Pueblo por las «reiteradas muestras de falta de neutralidad y adoctrinamiento» de la dirección y parte del profesorado del centro con postulados independentistas. Le pidieron que interceda para que las autoridades educativas realicen una investigación que depure responsabilidades.

Denuncian que el centro autorizó la realización de una encuesta, bajo el pretexto de un estudio sobre usos lingüísticos, se preguntaba a los menores por su identificación con el movimiento independentista, identidad, convicciones ideológicas y creencias religiosas. «La participación de nuestros hijos se hizo de manera obligatoria», denuncian.