Inmigrantes: triple riesgo de pobreza y el doble de paro

El informe de las Entidades Catalanas de Acción Social saca los colores a una sociedad racista con políticas públicas discriminatorias

Richa vivía con un hombre que la pegaba. Y un día tuvo el valor de coger a sus tres hijos e irse de casa. Tenía trabajo, pero encontrar vivienda se convirtió en misión imposible porque las agencias le decían que no tenían pisos para ella cuando veían que era paquistaní. Tal cual. Ahora, está a la espera de entrar en un piso de emergencia social. Como no tiene una red familiar en la que apoyarse su situación se ha vuelto muy precaria. El nombre de Richa es inventado, pero su historia no. La cuenta Charo Sillero, trabajadora de los servicios sociales de Sant Joan de Déu, en el informe «Migraciones y vulnerabilidad», que ayer presentaron las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS).

Políticas xenófobas

Este monográfico, que analiza las condiciones de vida de la población migrante en Cataluña, saca los colores a políticos y ciudadanos porque descubre una sociedad con dejes racistas y políticas públicas excluyentes y discriminatorias. Desde inmobiliarias que no alquilan a inmigrantes a una Ley de Extranjería que dificulta la integración y unas políticas discriminatorias que generan diferencias abismales con la población nacida en España. Mientras que la población autóctona reduce a la mitad el riesgo de pobreza gracias a las prestaciones sociales (de un 27% a un 14%), las ayudas sociales a los inmigrantes de fuera de la Unión Europea apenas tienen impacto en sus vidas, de un 50,5% de riesgo se pasa a un 47,9%. «La brecha de pobreza según el origen de la población pone en evidencia las deficiencias del sistema de protección social», señala Georgina Marín, una de las investigadoras sociales que ha participado en el informe. Estos números desmienten la leyenda urbana de que los inmigrantes reciben más ayudas que la población autóctona.

«Hay grupos de personas a los que el sistema de protección no está atendiendo como el caso de los jóvenes extranjeros que se encuentran en la calle y no tienen acceso a una vivienda, centro o albergue», denuncia Teresa Rodríguez de Punto de Referencia. «Si tuvieran permiso de residencia y trabajo, tendrían por dónde empezar», añade Sillero. Una de las peticiones de las ECAS es una nueva Ley de Extranjería y políticas que garanticen una renta a personas vulnerables, por ejemplo, para acceder a la renta garantizada de ciudadanía que da Cataluña, hay que tener 23 años.

Sueldos míseros

En Cataluña, la población inmigrante suma ya un 18%, 1.380.000 personas, la mitad extracomunitarios. El 60% tiene entre 20 y 50 años, está en edad de trabajar. Pero la tasa de paro entre este colectivo duplica a las personas de nacionalidad española: un 20,7% frente al 9,5%. Pese a que el paro es más alto, un 80%, contrariamente a lo que se cree, pero tiene trabajos precarios que no salvan de la pobreza. El 60% de los inmigrantes cobran menos de mil euros al mes y uno de cada tres percibe menos de 500 euros, mientras que entre los españoles son solo un tercio los mileuristas y solo el 17,5% no llega a los 500 euros mensuales. En las mujeres de origen africano, asiático o latinoamericano, este tanto por ciento alcanza el 40%.

Abandono escolar

Las dificultades económicas merman su salud. El 88% de las personas migradas que lleva menos de cinco años en Cataluña se ve con buena salud, pero este porcentaje baja al 77% pasados 10 años. Y lo peor es que la escuela no revierte las desigualdades. Un tercio de los alumnos con nacionalidad extranjera está en un curso inferior al que le pertoca. Además, el 55% de los alumnos con nacionalidad africana (excepto del Magreb) no logra el graduado escolar, frente al 70% del resto de migrantes y el 90% de los alumnos españoles.