El Supremo abocará a elecciones y avivará la crisis entre JxCat y ERC

El rumbo de la política catalana ha quedado en manos del Tribunal Supremo, que, con la previsible inhabilitación de Quim Torra, empujará a Cataluña a las urnas. A pesar de que en las últimas horas el Govern ha expresado en público su voluntad de estirar la legislatura al máximo apoyándose en el acuerdo de presupuestos que ha sellado con el partido de Ada Colau –iniciarán la tramitación parlamentaria en los próximos días y su aprobación se prevé para inicios de abril–, lo cierto es que en privado asumen que el Supremo dará la puntilla a la legislatura, que ha estado marcada por la parálisis y la excepcionalidad.

El calendario político en Cataluña ha quedado a expensas del Alto Tribunal, de quien depende el futuro de Torra. El Tribunal Supremo tiene que resolver un recurso del president contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de retirarle el acta de diputado al estar condenado, pero aunque lo ratifique, en función de la interpretación que se le dé, lo más probable es que pueda continuar al frente de la Generalitat –los letrados del Parlament así lo entienden ya que consideran que el la condición de parlamentario solo es necesaria para ser investido–. Si bien, el recorrido de Torra acabará cuando se resuelva el recurso contra la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le condenó a 18 meses de inhabilitación: en ese caso, si el Supremo ratifica la sentencia del TSJC, debería abandonar la presidencia porque la condena ya sería firme.

Ese escenario, además, se vislumbra ya en el horizonte: fuentes jurídicas estiman que en dos o tres meses podría resolverse el recurso. De hecho, como informó este diario, en el separatismo se trabaja con la hipótesis de una convocatoria electoral antes de verano. Si Torra es inhabilitado, el Parlament tendrá un periodo de 10 días para investir a un candidato de JxCat –de entre los diputados–. Si no prosperase, tendrían otros dos meses para volver a intentarlo. Si el intento también fracasara, se convocaría elecciones automáticamente.

Las elecciones es el desenlace más previsible y desde ciertos sectores del Govern se da por hecho. Ningún partido –ni la CUP ni los «comunes»– tiene la intención de prestar sus votos a JxCat y salvar la legislatura, y los neoconvergentes, por ahora, no se plantean promover candidaturas alternativas. Torra tampoco pretende convocar comicios a iniciativa propia.

De hecho, la vía que más peso cobra es usar la inhabilitación de Torra para desgastar a ERC. El president siempre ha sostenido que no acatará la resolución judicial si confirma la sentencia del TSJC y su plan es trasladar la presión al Parlament, controlado por ERC, para que decida sobre su futuro: si acepta la inhabilitación, abandonaría el cargo. Con esta maniobra, Torra compromete a Roger Torrent, que siempre ha evitado tomar decisiones que entrañen riesgos judiciales –el ejemplo más evidente es que frustró la investidura telemática de Carles Puigdemont–.