Un colegio público prohíbe la entrada a un padre por “perturbar paz” del centro

La dirección de la escuela pública Auró de Terrassa (Barcelona) ha prohibido al padre de un alumno acceder al centro, acusándole de "perturbar el clima de paz, cordialidad y colaboración" del centro.

Así lo comunicó la directora de la escuela en una carta enviada el pasado 29 de enero al padre, M. F., "tras valorar diversas presencias suyas en las dependencias escolares y principalmente la del pasado 10 de diciembre".

Según la directora del colegio, aquel día el padre "expresó a gritos que se le atendiese en aquel momento", lo hizo "utilizando expresiones insultantes contra maestros que estaban celebrando un claustro y se negó a marchar cuando se le invitó a hacerlo".

Como respuesta, el padre ha presentado una denuncia ante el juzgado de guardia de Terrassa contra la prohibición considerándola "arbitraria y lesiva contra sus derechos fundamentales" y en la que afirma que "jamás ha insultado a maestros ni ha exigido en absoluto nada a gritos".

Por ello, en la denuncia considera que los hechos mencionados por la dirección "son falsedades y acusaciones graves" y un "abuso de autoridad pública para imponer relato y justificar represalias".

Según la denuncia, la limitación se puede deber a los "recursos e instancias de transparencia" presentadas por el padre ante la Administración y diversas entidades "contra el sistema de tasas en horario lectivo aplicadas por el colegio, que considera no ajustadas a derecho".

Sobre los hechos ocurridos del 10 de diciembre, según el denunciante, hubo una "sobreactuación por parte de la dirección del centro" para "simular" que es "problemático" y añade que el claustro le "intimidó en grupo con la arbitrariedad de expulsarlo del edificio, con la mujer e hijo de testigos".

Refiriéndose al artículo 154 del Código Civil, en la denuncia se afirma que la medida "limita el ejercicio de patria potestad para llevar y recoger al hijo de 4 años a la escuela y ejercer las facultades en el centro como padre, lo que vulnera los derechos fundamentales y los del menor al privarlo de tutela paterna".

Además, denuncia que limitar el acceso también "impide al padre el ejercicio de sus facultades como presidente de la Asociación de Familias de Alumnos, la libertad de reunión e información, la actuación en los órganos de dirección del centro y poder registrar documentos a instancias de la escuela", lo que "podría ser objeto de un presunto delito de prevaricación".

La carta enviada por la directora concreta que la limitación "no afectará al ejercicio del derecho a estar informado en su condición de padre", ni al "derecho a tener presencia en las actividades extraordinarias en las que participen las familias, ni al de la representatividad que pueda ostentar en los órganos de autogobierno del centro".

La directora afirma haber puesto la decisión en conocimiento de Servicios Territoriales de Educación y que la mantendrá “mientras no consideren garantizado que no se volverán a repetir comportamientos como los descritos”.