La política del descrédito

El pleno del Consejo General del Poder Judicial se pronuncia sobre la propuesta de nombramiento de Dolores Delgado para el cargo de fiscal general del Estado
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo (CGPJ), Carlos Lesmes, preside el pleno del CGPJRicardo Rubio Europa Press

Resultan insólitas las numerosas manifestaciones de altos cargos del ámbito político, algunas de su propia cúspide, que atacan directamente al Poder Judicial y a los miembros que lo integran, calificándolos incluso de fascistas y haciendo recaer en ellos la máxima responsabilidad del conflicto existente en Cataluña.

La legitimación democrática y el altavoz comunicativo que lleva pareja, en ningún caso deberían amparar manifestaciones de gran irresponsabilidad institucional y de gran farsa política, ni dar cobijo a aquellos que pretendan ejercer una política del desprestigio sin mayor finalidad que la propia erosión y lesión de una pata fundamental del Estado de derecho.

Y frente a estos ataques, quienes siempre han permanecido callados y se han mostrado prudentes deben reaccionar.

En este sentido, se debe alertar a la sociedad del peligro de ahondar en un control político de la justicia, que parte precisamente de desacreditarla a nivel social para posteriormente justificar una injerencia en su diseño y composición, con finalidad tendenciosamente partidista.

La propuesta de reforma de acceso a la judicatura –sistema de oposiciones parejo al del resto de cuerpos del Estado cuyo examen de acceso evidentemente ni se cuestiona–, el nombramiento como Fiscal General del Estado de quién sin solución de continuidad venía ocupando la cartera de justicia, declaraciones improcedentes sobre el control del Ministerio Fiscal o incluso la inacción frente a las reivindicaciones de mejora de la judicatura, son medidas que tienden a debilitar el Poder Judicial, haciendo temblar las garantías más esenciales que esta ofrece a los ciudadanos: independencia, imparcialidad y profesionalidad.

Y frente a todo ello, ni uno sólo de los que pueden o han podido proponer de forma efectiva la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, –lo que efectivamente contribuiría a la apariencia de imparcialidad de la justicia, en tanto la mera existencia no resulta suficiente–, lo ha hecho, lo que revela que la política del descrédito se torna en un instrumento muy útil para justificar una mayor injerencia en quién imparte justicia y desvía las miradas de la codicia del reparto de poder.

Portavoz Asociación Profesional de la Magistratura Cataluña