JxCat propone ahora reprobar a Sánchez, Rajoy y el Rey en el Parlament por la aplicación del 155

Publica las conclusiones de la comisión de investigación llevada a cabo en la Cámara catalana sin la participación de PP, PSC y Cs

Junts per Catalunya sigue con el “procés” pese a la crisis sanitaria derivada de la pandemia de coronavirus y ha publicado hoy las conclusiones de la comisión de investigación del artículo 155 en el Parlament en las que pide reprobar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su antecesor en el cargo, Mariano Rajoy, y al Rey Felipe VI por su papel en otoño de 2017.

“El 155 fue un golpe de Estado sin precedentes en el marco de la UE contra la voluntad mayoritaria del pueblo catalán de ejercer el derecho a la autodeterminación. Y queremos reprobar a los políticos que lo perpetraron. Son los responsables de que esto pasara”, ha denunciado la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Gemma Geis, en rueda de prensa.

Los postconvergentes no sólo quieren reprobar a Sánchez, Rajoy y al Rey sino que también piden hacer lo mismo con los miembros del Ejecutivo del PP; al entonces delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y al exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera, como “parte activa y decisiva”.

Las conclusiones de la comisión de investigación también reclaman “constatar que la aplicación del 155 estaba predeterminada mucho antes del referéndum del 1 de octubre y que no existía ningún voluntad, por parte del Gobierno, de no aplicarlo en el caso de que el presidente Puigdemont hubiera convocado elecciones” y han calificado en rueda de prensa de “golpe de Estado para frenar al independentismo” su validación en el Senado, además de calificarlo de proceso “irregular y sin garantías”.

A parte de reprobar al Monarca por su “actitud en todo el proceso desde el discurso del 3 de octubre, y especialmente en el impulso, aprobación y aplicación del artículo 155”, Junts per Catalunya también reclama hacerlo por “las actuaciones presuntamente llevadas a cabo para que importantes empresas desplazaran sus sedes fuera de Cataluña”.

Así, el documento reivindica el “conflicto” existente entre Cataluña y el resto de España, el “derecho a la autodeterminación” y “la vigencia del mandato político que deriva” del 1-O.