La indemnización a los fallecidos en residencias podría ascender a 2.470 millones de euros

La caótica gestión en algunas residencias de mayores puede salirle muy caro a las arcas de las autonomías. Hasta 2.470 millones de euros pueden llegar a pagar en concepto de indemnizaciones si, según los cálculos de la plataforma Afectados Coronavirus, familiares de hasta 19.000 víctimas mortales inician acciones legales contra la gestión de las administraciones públicas en residencias de mayores durante la crisis sanitaria. La organización, que nació para atender consultas de la ciudadanía a raíz del estado de alarma, ha dado un paso en las últimas semanas y se ha abierto a asesorar legalmente a todas aquellas familias que hayan perdido a un ser querido en los geriátricos, uno de los espacios más golpeados por la emergencia sanitaria.

La plataforma, junto al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, presentó ayer la primera reclamación –paso previo a la demanda porque la administración debe tener primero la oportunidad de pronunciarse– contra la Generalitat a petición de Ángel Juárez, un hombre que perdió a su madre en una residencia de Barcelona. Esa es la primera, pero están preparando más ante la avalancha de casos que están recibiendo de todos los puntos de España: por ejemplo, familiares de 53 fallecidos en una residencia de Tarragona o familiares de residencias en Extremadura. Según sus estimaciones, la indemnización media que deberían de abonar las administraciones públicas es de 130.000 euros –tomando como base de cálculo que cada fallecido tiene dos hijos y dos hermanos–. En el caso de Ángel, reclaman una compensación de 151.000 euros al ser ocho hijos.

En contra de cualquier cuestionamiento, la plataforma Afectados Coronavirus asegura que actúa solidariamente y sin ningún tipo de influencia política. «No es un tema político, en absoluto. Buscamos Justicia», ha asegurado el portavoz, Abraham Granadino, en una rueda de prensa telemática celebrada hoy. «Ángel es el primer caso, pero también tenemos muchos afectados. Desde la plataforma queremos convertirnos en cauce del deseo de dignidad y justicia de los afectados para que se ejerzan acciones legales oportunas», ha agregado Granadino.

En el caso de Ángel se presentó ayer una reclamación administrativa de responsabilidad patrimonial por el deficiente funcionamiento de los servicios públicos asistenciales y de salud de la Generalitat, que habría causado el fallecimiento de su madre –en concreto se presentó ante la conselleria de Salud de la Generalitat de Cataluña y la conselleria de Asuntos Sociales, departamentos que han gestionado las residencias durante la crisis del coronavirus–.

En este sentido, Ángel tiene la voluntad de que se esclarezcan «las circunstancias del contagio y posterior fallecimiento» de su madre «a fin de identificar las deficiencias asistenciales que hayan podido dar lugar a esta situación». Hasta el momento, sin embargo, se están topando con muchas trabas para acceder a información sensible -la documentación clínica de las residencias-. «Falta transparencia», ha afirmado Ana Romero, abogada del despacho.

Aunque el objetivo es condenar a la Generalitat «al pago de indemnización reclamada resultado del daño material y moral ocasionado», Ángel ha explicado que el «dolor y sufrimiento» no hay cuantía que lo repare. Por ello, también tienen el propósito de forzar una mejora en los protocolos de actuación «para un sector de nuestra población especialmente vulnerable y que, sin duda, debe ser atendido con todas las garantías necesarias de seguridad».