Sito Pons se enfrenta a 24 años de cárcel por fraude fiscal

Sito Pons es el último de los deportistas de élite, ya sea en activo –como Diego Costa, Messi o Cristiano Ronaldo– o en en otras funciones en los que Hacienda ha puestos sus ojos, o mejor dicho, sus inspectores. El motivo es el mismo: fraude fiscal. La Fiscalía considera que defraudó 2,7 millones de euros, en concepto de IRPF e Impuesto de Sociedades, a Hacienda entre los años 2010 y 2014, simulando que residía en el extranjero y utilizando empresas con sede en paraísos fiscales. El dos veces campeón del mundo de Motociclismo de 250 cc se enfrenta ni más ni menos que a 24 años de cárcel y una multa de 12 millones. Su defensa ha alegado, en cambio, que Pons realmente residió en el extranjero “como demuestran los certificados emitidos a tal efecto por las autoridades" de ambos países.

La Fiscalía considera que el expiloto y, ahora director de la escudería de motos Pons Racing, vivió y desarrolló la mayor parte de su actividad profesional en Barcelona tanto en 2010 como entre 2012 y 2014 pese a que, según indica en el escrito, alquilara un apartamento y contratara un seguro de vivienda, primero en Mónaco y luego en Londres, para declarar formalmente que vivía allí y conseguir un permiso de residencia. El Ministerio Público constata, sin embargo, que en ninguna de las dos residencias se produjeron consumos de agua o gas “significativos en concordancia con el consumo que una o varias personas que estuvieran viviendo de forma habitual en dicho lugar pudieran haber tenido”.

Estas acusaciones son rechazadas de plano por la defensa de Sito Pons, ejercida de forma conjunta por los prestigiosos despachos Molins, Picaza y Cuatrecasas. No sólo niegan que ex piloto haya defraudado a Hacienda, sino que, además, consideran que sufre desde hace años una «persecución» por parte de la Hacienda española de forma «injustificada».

Además, defienden que, según está establecido los tribunales españoles, “la mera posesión de los certificados de residencia fiscal de otro Estado sería suficiente para descartar de plano la comisión de un delito de defraudación a la Hacienda Pública”. También, sostienen que las visitas de Pons a Barcelona a las que alude la Fiscalía se deben a que buena parte de su familia vive allí y a que sea donde está radicada su escudería -situada en Castellbisbal, un municipio cercano a la capital catalana, donde están talleres, personal y vehículos-. “El Sr. Pons pasa la mayor parte del año viajando entre circuitos por razones profesionales y en su residencia de Londres”, aseguran los letrados.

Asimismo, también defienden que, desde 2012, Pons ha pagado sus impuestos en el Reino Unido ajustándose a la legislación del país. “Las propias autoridades británicas han defendido vehementemente ante España la residencia en Londres del Sr. Pons en el procedimiento previsto para evitar la doble imposición de los contribuyentes”, indica.

En total, Sito Pons está acusado de seis delitos fiscales al eludir presuntamente el pago del IRPF y el Impuesto de Patrimonio durante tres años. Así, en concepto de IRPF, calculan un total de 444.160 euros en 2010; 801.708 en 2013; y, 864.961 en 2014, mientras que en impuesto de patrimonio habría eludido 321.258 en 2012; 178.006 en 2013; y, 173.625 en 2014. En total, la Fiscalía solicita el pago de multas que suman, en total, 12.450.220 euros.

La defensa considera “desproporcionadas” las penas solicitadas por la Fiscalía (24 años de prisión), además de los más de 12 millones de euros de multa, y cree que “pone de manifiesto la voluntad tanto de la Fiscalía como de la Agencia Tributaria de utilizar ilegítimamente” a Pons “con fines ejemplarizantes ante los contribuyentes españoles y de forzarle indebidamente a pagar unas elevadas cantidades que en modo alguno adeuda”.

El ex piloto ha ofrecido garantías suficientes para cubrir las deudas tributarias “sin que dicho ofrecimiento haya sido aceptado para suspender la ejecución de las mismas”, asegura la defensa. Pons ya fue juzgado en 2011 también por delito fiscal, del que fue absuelto tanto por el juez penal en primera instancia, como por la Audiencia de Barcelona.