Se dispara la indignación en Cataluña ante el aumento de la inseguridad

La delincuencia se ha convertido en una amenaza para la convivencia en diversas localidades. Los casos de Premià de Mar, Mataró o Llançà así lo demuestran

La inseguridad se ha convertido en una amenaza para la convivencia en diversos puntos de Cataluña y está derivando ya en preocupantes conflictos vecinales. Coincidiendo con el fin de la pandemia, se ha disparado en Cataluña la indignación social, con varios casos que siguen un mismo patrón: protestas vecinales organizadas ante el aumento de la delincuencia, en la mayoría de los casos de jóvenes inmigrantes que viven en pisos okupados. Una polémica que se ha ido repitiendo a lo largo de los últimos días y en varios puntos de la geografía catalana, especialmente en localidades del área metropolitana o en la propia ciudad de Barcelona. De hecho, una cifra evidencia esta nueva problemática: entre el 70 y el 80% de las detenciones son de extranjeros, según señalan fuentes policiales.

Uno de los sucesos que disparó todas alarmas ocurrió en Premià de Mar: varias decenas de vecinos accedieron a un piso ocupado por jóvenes inmigrantes para tratar de expulsarles tras el aumento de robos y asaltos con violencia en la zona, especialmente a personas mayores. Todo ocurrió en la céntrica avenida Lluis Companys, en el barrio Can Farrerons, donde varias personas empezaron lanzando piedras y otros objetos contra la fachada de una vivienda. El episodio derivó en un enfrentamiento abierto con los Mossos y dos detenidos por agredir a los agentes.

Un caso que destapó un problema de fondo: el aumento de la inseguridad y los problemas de convivencia que ello acarrea, con grupos ciudadanos organizados para actuar y tomar medidas por su cuenta y protestas que se repiten casi a diario ante la mano blanda de las administraciones. Mataró es otro ejemplo: decenas de vecinos reclaman estos días desalojar un edificio de nueva construcción okupado por íntegramente jóvenes inmigrantes –en concreto, hasta 32 viviendas de la calle Jaume I- tras denunciar una oleada de nuevos casos de robos y asaltos con violencia a ancianos y vecinos de la zona.

En esta localidad, capital del Maresme, la delincuencia ha aumentado un 4% especialmente por hurtos, mientras que las detenciones policiales han subido un 15,1 %, según cifras que reveló Interior hace un mes.

En Santa Coloma y Barcelona también se han producido dos sucesos muy similares, casi del mismo patrón: grupos de vecinos han retenido a grupos de jóvenes tras asaltar a ancianos para robarles una cadena de oro o un reloj. Y en Badalona el Ayuntamiento se personará por primera vez contra un delincuente -un joven mayor de edad y de origen magrebí, según fuentes de la investigación-, y exigirá la máxima pena y su expulsión de España tras robar y herir de gravedad a una persona mayor en el barrio de Llefià.

Y el penúltimo episodio ha ocurrido en Llançà, donde un grupo de unas 150 personas se concentraron ante la sede del Ayuntamiento para denunciar el aumento de la inseguridad en la zona y luego trasladaron sus protestas hasta un edificio okupado por jóvenes a los que atribuyen esta oleada de delincuencia. En concreto, los vecinos se quejan de que en las dos últimas semanas ha habido robos nocturnos a domicilios, aprovechando que los inquilinos estaban durmiendo. Un clamor vecinal contra la delincuencia y las ocupaciones que el municipio abordará en una junta de seguridad local la próxima semana.

Los vecinos se ven forzados a actuar por su cuenta

Mossos d’Esquadra consultados por este diario se muestran muy críticos, sobre todo, con la falta de respaldo de las instituciones para hacer frente a los jóvenes inmigrantes, ya que algunos de ellos, según denuncian, se han convertido en un grave problema para la seguridad y la convivencia en determinados municipios. Por un lado, por parte del Govern, que ha tomado un discurso que califican de “populista” por la condescendencia que exhiben ante estos colectivos y que eso luego “condiciona” las actuaciones de los propios agentes; por otro lado, por parte del poder legislativo, que no reforma las leyes para castigar la reincidencia.

Esta situación, según advierten, puede conllevar el riesgo de que los propios policías se vean obligados a actuar de forma más contemplativa para evitar luego consecuencias sociales. “Están obligando a que cuando acudamos al lugar donde se ha cometido el delito, nos tengamos que contener con algunas personas para evitar que nos señalan como racistas”, asegura un agente, muy molesto por las circunstancias actuales.

En este sentido, los Mossos d’Esquadra reclaman que se pene con mayor severidad la reincidencia porque muchos de los delincuentes acumulan sucesivos delitos sin terminar en prisión. Asimismo, desde el sindicato Uspac también se reclama muchos más agentes en las calles porque ahora hay escasez de efectivos y eso dificulta también mucho la contención de la delincuencia.

Las dificultades de los Mossos para actuar es lo que ha conducido a grupos de vecinos a actuar por cuenta propia en diversos municipios, según explican agentes consultados por este diario. Tanto es así que se han registrado ya múltiples episodios de enfrentamientos -Premià de Mar, Llançà o Badalona son algunos ejemplos-. “Si seguimos así, con este descontrol, nos vamos a convertir en Francia”, advierte un agente, preocupado por la deriva que están tomando las cosas.