¿ Un verano sin “correbous” en Cataluña ?

Una entidad animalista lo asegura tras su "presión" durante la pandemia

Dentro de un mes casi exacto se cumplirán diez años desde que el Parlament aprobó la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Una medida polémica como pocas en su momento, aunque con escasa repercusión social en las calles desde su entrada en marcha. No obstante, los rifirrafes por los “correbous” no han cesado durante estos años.

Los “correbous”, con un fuerte arraigo en las comarcas de las Terres de l’Ebre, y también en otros -aunque pocos- municipios catalanes, se pueden ver afectados este verano por la pandemia del coronavirus. Uno de los principales problemas que siempre han tenido los detractores de estas celebraciones es un asunto ajeno al presunto maltrato animal, y se trata de la política.

Sobre todo en las Terres de l’Ebre, ningún partido político se ha atrevido a plantear con firmeza la prohibición de los “correbous”, una postura claramente electoralista, y que en el fondo ha generado poco debate.

En este sentido, la Coordinadora per l’Abolició dels Correbous de Catalunya (Cacc) ha celebrado que no se realizará ningún “correbou” este verano en la comunidad gracias a “su presión y tarea ‘lobbista’” durante el confinamiento por coronavirus.

Ha criticado el colectivo de concejales y alcaldes que querían “correr el riesgo sanitario y celebrar actos taurinos sin pensar en la salud y bienestar de sus conciudadanos”, ha informado la Cacc en un comunicado, en una clara referencia al asunto político.

Sin embargo, la entidad ha reivindicado que, si las localidades hubieran decidido realizar los “correbous”, ellos se habrían desplazado hasta allí para documentarlo todo: “Era jugársela demasiado con las cámaras de la Cacc”. Hasta el momento, ningún partido político ha reaccionado a esta notificación.

La última polémica fuerte relacionada con los “correbous” lleó en septiembre del año pasado. La entidad AnimaNaturalis denunció al Ayuntamiento de Vidreres por una de estas celebraciones. Hubo un total de 22 heridos, y consideraron que “faltaron medidas de seguridad” y pudieron haber infracciones. La denuncia se dirigió a los Servicios Territoriales en Girona de la conselleria de Interior, y reclamó un “expediente sancionador”.