El modus operandi del “procés” ante la Comisión Europea

A finales de abril, cuando la pandemia aún no arreciaba como ahora, un nuevo movimiento de propaganda exterior de la Generalitat pasó casi desapercibido: el Govern de Quim Torra aprovechó una consulta abierta de la Comisión Europea sobre el informe anual del Estado de Derecho 2020 para participar -a través de su nueva Oficina de Derechos Civiles y Políticos- con un documento propio en el que exponía su lista de agravios, según adelantó «Crónica Global», denunciaba la falta de imparcialidad de la Justicia española y apuntaba hacia el Supremo por la causa del «procés».

Un relato contrarrestado ahora por la entidad Impulso Ciudadado presidida por José Domingo, que ha elevado al mismo organismo europeo una advertencia sobre Cataluña: «Se vive una situación de amenaza del Estado de Derecho». Una radiografía del panorama político y social a raíz del «procés» a través de un documento de 31 páginas en el que se recopilan polémicas y actos de desobediencia. Todo ello «como consecuencia, fundamentalmente, de la decisión de varias administraciones catalanas (la Generalitat de Cataluña, varias administraciones locales y las universidades públicas) de obrar al margen de sus obligaciones legales con el fin de favorecer las aspiraciones del movimiento nacionalista». El «modus operandi» se resume a través de ocho puntos del informe, entre los que destacan los siguientes.

Desafío con el referéndum

La primera parada es el momento actual, con Quim Torra al frente de la Generalitat. «El gobierno autonómico catalán, así como un número significativo de gobiernos locales mantienen una actitud de desafío explícito a la legalidad, lo que incluye el constante recordatorio de que están dispuestos a volver a enfrentarse al Estado y realizar un referéndum de autodeterminación, pese a que el Tribunal Constitucional ya ha declarado que un referéndum de estas características no es compatible con la Constitución española», recoge el informe.

Banderas y lazos

Como ejemplo concreto, la entidad denuncia que en Cataluña no se respeta la «neutralidad de las administraciones públicas» y recoge la polémica por los lazos amarillos y símbolos independentistas colgados en edificios públicos, el primero en la fachada del Palau de la Generalitat. Un gesto de desobediencia por el que el propio president fue juzgado e inhabilitado a un año y medio, una condena que debe resolver el Supremo. De hecho, otro de los puntos que aborda el informe es la desobediencia explícita del president, elevada a los tribunales por la propia entidad que preside José Domingo.

Uso político de los Mossos

Relacionado con el punto anterior, Impulso Ciudadano alerta de la utilización partidista de la policía, pues «en unas ocasiones identifica a quienes colocan simbología en el mobiliario urbano (banderas españolas) mientras que en otras permite que esa simbología partidista sea colocada (cuando se trata de simbología nacionalista) e incluso actúa contra quienes la retiran», en referencia a varios episodios con los lazos amarillos. «Esta imposición simbólica es trascendente para el plan nacionalista, pues como sucede en todo totalitarismo es importante conseguir que se asuma de manera generalizada que los planteamientos contrarios a la ideología que desea imponerse son marginales», concluye.

Adoctrinamiento en las aulas

El informe repasa varias polémicas en la enseñanza como el uso del catalán como lengua vehicular y la «exclusión» del español –«no está prácticamente presente en la enseñanza de los 0 a los 6 años»– los símbolos nacionalistas en las aulas, el adoctrinamiento con el 1-O, el apoyo explícito de algunas universidades públicas al nacionalismo y los boicots que sufren estudiantes de entidades constitucionalistas como S’ha acabat.

Control de TV3

El informe recoge el control del Govern en los medios públicos, la designación a dedo de sus cargos directivos –especialmente en los servicios informativos, con reparto de puestos entre Junts per Catalunya y Esquerra– y el uso de expresiones como «presos políticos» en antena. También el dinero inyectado a través de publicidad institucional a diversos medios.

Violencia política

Recuerda los datos del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña: la violencia política se disparó durante el segundo semestre de 2019 en Cataluña a raíz de las protestas contra la sentencia del «procés» y el 96% de los actos (más de 900) fueron cometidos por el independentismo.