Independentismo

Las prisiones catalanas proponen la semilibertad para los presos independentistas

Plantean, por unanimidad, que progresen al tercer grado, que deberá revisar ahora la Generalitat

Las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios de Lledoners, Puig de les Basses y Mujeres de Barcelona han propuesto que los nueve presos independentistas progresen al tercer grado, según ha anunciado esta mañana el secretario de Medidas Penales del Govern, Amand Calderó. Es decir, pasarán a estar en un régimen de semilibertad casi nueve meses después de la sentencia y podrán pasar el día fuera de prisión, donde deberán de volver tan solo ocho horas para dormir. El fin de semana podrán ir a dormir a casa.

La decisión debe ser ahora avalada por el Servicio de Clasificación de la Generalitat, que tiene un margen de dos meses. Hasta que no se emita una resolución que ratifique la propuesta de las juntas de tratamiento -mayoritariamente se aceptan las propuestas-, no estarán clasificados formalmente en tercer grado. Los nueve presos separatistas -Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva- fueron condenados a entre 9 y 13 años de prisión el pasado 14 de octubre y, el 9 de enero, clasificados en segundo grado.

Si bien, desde hace meses, todos están bajo la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la estancia en prisión: pueden salir de la cárcel a trabajar o realizar actividades de voluntariado. Pese a los sucesivos recursos interpuestos por la Fiscalía, los juzgados de vigilancia penitenciaria han dado el plácet al 100.2, excepto el titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de Lleida, que también lo ha avalado, pero ha remitido el asunto al Tribunal Supremo –tribunal sentenciador- para que lo revise.

Con el tercer grado y en caso que el Ministerio Público recurriese, sería el Tribunal Supremo quien se debería de pronunciar, después de que lo haya hecho también el tribunal de vigilancia penitenciaria correspondiente. Ya en la sentencia, el Alto Tribunal rechazó la petición de la Fiscalía de que se impidiera que los presos independentistas obtuvieran el tercer grado hasta que no hubieran cumplido la mitad de la condena.

Lo cierto es que no estaba previsto que los nueve presos independentistas progresaran de grado en tan solo medio año. De hecho, tan solo Jordi Sánchez y Jordi Cuixart han cumplido una cuarta parte de la condena: el resto lo hará entre finales de este año y principios de 2021.

Calderó, en rueda de prensa, ha recordado que cuando las juntas de tratamiento -compuestas por un equipo de 10 profesionales de distintos ámbitos (juristas, psicólogos, médicos o educadores sociales)- plantearon hace más de medio año la clasificación en segundo grado, hubo un “intenso” debate. En cambio, ahora, ha explicado que las propuestas se han hecho por unaninimidad. Asimismo, Calderó ha pedido que no se ponga el foco sobre los funcionarios.

En este sentido, las juntas de tratamiento han estado en el punto de mira tanto del independentismo como del Estado. Del independentismo por clasificar inicialmente en segundo grado a los presos -hubo muchas críticas de JxCat-. Del Estado, el Tribunal Supremo advirtió a los funcionarios contra la posibilidad de que permitieran pasar a los presos independentistas el confinamiento en sus casas.

Los presos, además, también tendrán a partir de ahora 48 días de permiso al año -en segundo grado eran 36 días-.

Según Calderó, además de los años de pena, las juntas de tratamiento tienen en cuenta otros factores como la conducta y adaptación de los presos; condiciones de sus redes sociales y familiares; capacidad de reinserción laboral; antecedentes penales; el riesgo de reincidencia; o, el tiempo cumplido en prisión.

Asimismo, con la celebración de elecciones de manera inminente, los presos independentistas podrían aprovechar la situación de semilibertad también para tener un mayor protagonismo durante la campaña electoral, que se prevé intensa por las malas relaciones que atraviesan los dos principales partidos independentistas (JxCat y ERC), que se juegan la hegemonía del espacio político.