Independentismo
Semilibertad para Junqueras al cumplir el 20% de la condena
Tercer grado para los presos separatistas: irán solo a dormir a los centros penitenciarios
Menos de nueve meses después de la sentencia del «procés» –14 de octubre–, las cárceles catalanas han concedido el tercer grado –régimen de semilibertad– a los presos independentistas. Sin que la gran mayoría de los dirigentes políticos haya cumplido aún la cuarta parte de la condena: de hecho, Oriol Junqueras ha superado ligeramente el 20%, mientras que Raül Romeva o Jordi Turull están por encima del 19%. Jordi Cuixart y Jordi Sánchez son los líderes encarcelados que mayor pena han cumplido ya (32%), junto a Joaquim Forn (25,5%).
La concesión del tercer grado en esta fase del cumplimiento de la condena ha desatado de nuevo la polémica en torno a los presos independentistas y la gestión de la Generalitat de las prisiones catalanas –las competencias están transferidas desde 1994–, pese a que también es cierto que no hay ningún plazo temporal marcado por Ley para impedirlo. Por ello, la Fiscalía solicitó al Tribunal Supremo que los políticos separatistas no pudieran acceder al tercer grado antes de que cumplieran la mitad de la condena, aunque fue rechazado.
Aunque rechazó ese planteamiento de la Fiscalía, el Tribunal Supremo sí podrá entrar a valorar la concesión del tercer grado. De momento, los presos tendrán que esperar para disfrutar de la semilibertad hasta que se formalice porque, por ahora, es una propuesta de las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios donde se encuentran los nueve encarcelados (Lledoners, Puig de les Basses y Mujeres de Barcelona) y la decisión debe ser aún avalada por el Servicio de Clasificación de la Generalitat, que tiene un margen de dos meses –aunque mayoritariamente se aceptan las propuestas de las juntas de tratamiento–. Los nueve presos separatistas –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Josep Rull, Joaquim Forn y Raül Romeva- fueron condenados a entre 9 y 13 años de prisión el pasado 14 de octubre y, el 9 de enero, clasificados en segundo grado.
Gracias al tercer grado, los presos independentistas pasarán a estar en un régimen de semilibertad y podrán pasar el día fuera de prisión, donde deberán de volver tan solo ocho horas para dormir. El fin de semana podrán ir a dormir a casa. Si bien, desde hace meses, todos están bajo la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la estancia en prisión y es, de hecho, muy parecido al tercer grado: pueden salir de la cárcel a trabajar o realizar actividades de voluntariado durante determinadas horas del día.
Hasta el momento, ningún juez de vigilancia penitenciaria ha tumbado la aplicación del 100.2 para los presos independentistas, pese a los sucesivos recursos de la Fiscalía. El titular del juzgado de vigilancia penitenciaria de Lleida también lo ha avalado, pero ha remitido el asunto al Tribunal Supremo –tribunal sentenciador– para que lo revise.
Con el 100.2 es el juzgado de vigilancia penitenciaria quien lo valora inicialmente, aunque la Fiscalía puede recurrir a la Audiencia provincial. Ahora, con el tercer grado, el Ministerio Público recurrirá primero ante el juzgado de vigilancia penitenciaria correspondiente, pero podrá recurrir ante el Tribunal Supremo. En este sentido, un recurso de la Fiscalía podría dejar en suspenso el tercer grado para los presos mientras resuelve el Alto Tribunal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se posicionó ayer al respecto y aseguró que no tiene «nada que objetar» sobre la concesión del tercer grado. El vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de Esquerra, Pere Aragonès, consideró una «buena noticia» la decisión de las cárceles catalanas, aunque reclamo la amnistría para los presos como «única solución». El presidente de la Generalitat, Quim Torra, criticó que estén en prisión todavía y consideró el tercer grado insuficiente: «¿Tercer grado? Libertad».
Lo cierto es que con la celebración de elecciones de manera inminente, los presos independentistas podrían aprovechar la situación de semilibertad también para tener un mayor protagonismo durante la campaña electoral, que se prevé intensa por las malas relaciones que atraviesan los dos principales partidos independentistas (JxCat y ERC), que se juegan la hegemonía del espacio político. De hecho, la gestión de la Generalitat con los presos ya ha sido fuente de pugna entre ambas fuerzas independentistas porque las competencias corresponden a la conselleria de Justícia, que está en manos de Esquerra. Con la concesión del segundo grado en enero, JxCat se mostró muy crítico porque consideraba que los políticos encarcelados podían ser clasificados desde el inicio en tercer grado. Esquerra rechaza las presiones porque las decisiones, según defiende, son tomadas por las juntas de tratamiento, formadas por funcionarios.
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