Residencias de ancianos

La Generalitat carga contra Pablo Iglesias por desentenderse de las residencias

Torra atribuye el drama en los centros que alojan a mayores a la "infrafinanciación" del Estado

Pleno monográfico sobre la gestión de las residencias en el Parlament catalán
El president de la Generalitat, Quim Torra, interviene durante una sesión plenaria en la que se debate la gestión de las residencias para personas mayores y para personas con discapacidad durante la pandemia del COVID-19. David Zorrakino / Europa Press 07/07/2020David ZorrakinoEuropa Press

Cataluña, una de las autonomías más golpeadas por el coronavirus, ha celebrado esta tarde un pleno monográfico en el Parlament sobre la gestión de las residencias. Y, la Generalitat, lejos de asumir la autocrítica por el caos en la gestión -han fallecido 4.999 personas-, ha dirigido las culpas, como suele ser habitual, hacia Madrid. En este sentido, el conseller de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, ha cargado contra Pablo Iglesias por desentenderse de las residencias, mientras que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha atribuido el drama en los centros que alojan a mayores a la “infrafinanciación” del Estado.

El Homrani, que ha asegurado que ya han elaborado un plan de contingencia para actuar en caso de rebrote junto a la conselleria de Salud, ha criticado que Iglesias se comprometió a proporcionar los equipos de protección individual (EPI), pero “no ha sido así”. “El mismo 20 de marzo, el vicepresidente de Derechos Sociales explicó que asumían la compra de EPI exclusivamente para residencias, que harían llegar a las comunidades autónomas pidiendo la cuantificación de las necesidades”, ha asegurado el conseller. “Son unas EPI que no llegaron nunca. Todavía las estamos esperando. Todavía estoy esperando una respuesta a las dos cartas”, ha afirmado, en alusión a misivas que envió pidiendo material. .

Asimismo, también ha hecho un diagnóstico sobre los principales problemas que se han encontrado los centros residenciales. Entre ellos, ha destacado las dificultades para disponer de EPI, que ha tenido como consecuencia un incremento del número de infecciones; la falta de personal para sustituir a trabajadores que se contagiaran -que, según ha asegurado, se ha conseguido ya reforzar-; o, la falta de financiación. “Me quiero disculpar si alguien ha sentido que no hemos llegado, y si algunas personas se han sentido solas; hay que hacer una mirada autocrítica para dar mejor respuesta”, ha afirmado, tras invitar a los partidos de la oposición a proponer alternativas al actual modelo residencial, que ha reconocido “fallido y con flaquezas”.

Por su parte, Torra ha iniciado su comparecencia con dos reflexiones. Por un lado, ha tratado de relativizar el caos en la gestión de las residencias y ha asegurado que no es exclusivo de Cataluña sino que ha sido algo extendido a nivel europeo y mundial y, de hecho, ha afirmado que está afectando “más” en el resto de España. “En Andalucía, Madrid, Valencia, las Islas Baleares o Castilla y León también han sufrido los mismos efectos”, ha dicho.

Por otro lado, ha atribuido los problemas residenciales a la “infrafinanciación del Estado en general, pero también en el ámbito de la dependencia”. “Años y años de vulnerar reiteradamente la ley de dependencia no asumiendo la responsabilidad económica a la que les obliga la ley de dependencia. Tiene también consecuencias”, ha afirmado.

Torra ha defendido que “desde el minuto cero” mantuvo reuniones semanales con el sector de las residencias y ha desglosado las medidas preventivas que tomaron: “El 6 de marzo tuvimos el primer fallecimiento en Cataluña y desde el Govern ya hicimos una recomendación de no visitar las residencias y que las personas con síntomas se protegieran y se quedasen en casa”, ha aseverado. “Regulamos las visitas, pedimos que se hiciera un registro y extremar las medidas de higiene y de información”, ha explicado.

Torra ha repasado la gestión que la Generalitat ha hecho de las 1.053 residencias catalanas que albergan a 64.000 personas, cuya media de edad es de 84 años, de las que el 90% tiene enfermedades previas, en una comunidad donde mueren 11.000 ancianos al año. En este sentido, ha reivindicado que se han hecho más de 106.000 PCR a residentes y trabajadores; se han intervenido 13 centros -se ha cambiado la empresa gestora-; y, se han trasladado a 2.472 residentes a otros espacios y 681 han regresado a sus domicilios.