Los presos, jaleados a la salida de prisión: “Lo volveremos a hacer”

Jordi Cuixart, presidente de Òmnium, advierte de que quieren votar "las veces que haga falta"

Los presos independentistas salieron ayer por primera vez de prisión en régimen de semilibertad. Nueve meses después de la sentencia del «procés» –14 de octubre–, los responsables del referéndum ilegal del 1-O pudieron estrenar el tercer grado concedido el miércoles por la Generalitat, aunque aún no es definitivo porque están a expensas del recorrido judicial que pueda tener ya que la Fiscalía tiene previsto recurrirlo y el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. Si bien, esta circunstancia no rebajó ni un ápice el ambiente animado –solo empañado por el coronavirus– que acompañó toda la jornada a los nueve encarcelados, como se pudo comprobar en el acto de homenaje que organizó Òmnium Cultural a Jordi Cuixart, donde se congregaron unas 200 personas al grito de lo «volveremos a hacer», que fue correspondido por su propio líder: «Lo haremos tantas veces como sea necesario», afirmó Cuixart, en alusión a organizar una nueva votación.

El líder de Òmnium, que es uno de los líderes más respetados en el seno de un independentismo roto por la división y el enfrentamiento, nunca ha mostrado contención en sus proclamas y ayer lo volvió a demostrar advirtiendo de que quieren seguir votando y de que lo harán «las veces que haga falta». Tan solo Cuixart pudo ser homenajeado por los suyos porque el resto de presos, pese a que tenían actos organizados en sus respectivos municipios, no pudieron celebrarlos –aunque muchos de ellos sí recibieron una calurosa bienvenida– debido a las medidas de restricción que decretó el Govern para frenar la rápida expansión del coronavirus en Cataluña.

En cualquier caso, tiempo tendrán de protagonizar otro tipo de actos mientras los tribunales no decidan revocar la decisión de la Generalitat. Más aun teniendo en cuenta que las elecciones en Cataluña se celebrarán previsiblemente entre el 27 de septiembre y el 4 de octubre –como avanzó este diario– y la presencia e influencia de los presos en campaña se antoja más que notable. Sobre todo, en Esquerra, donde Oriol Junqueras podrá volver a liderar a un partido al que, tras vencer en municipales y doblemente en generales, tan solo se le resiste la Generalitat, que perdió por un puñado de votos –10.000– en las últimas elecciones celebradas el 21 de diciembre de 2017.

De hecho, uno de los factores determinantes en esa derrota de los republicanos fue la visibilidad que consiguió Carles Puigdemont con mítines telemáticos y su promesa –luego incumplida– de regresar a Cataluña si vencía en los comicios, que se contrapuso a la ausencia de Junqueras, encerrado en prisión sin posibilidad de participar en actos de campaña, algo que ahora sí que podría hacer.

Y es que la concesión del tercer grado permite a los nueve presos separatistas disfrutar de una vida en semilibertad: acudirán ocho horas diarias a prisión entre lunes y jueves y podrán dormir viernes, sábado y domingo en casa. El resto del tiempo lo pueden pasar haciendo vida social o laboral –en un trabajo o haciendo actividades de voluntariado–.

La decisión ha levantado mucha polémica por la rapidez con que la Generalitat ha concedido el tercer grado a los nueve presos independentistas. De hecho, salvo Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, ningún preso ha cumplido aún la cuarta parte de la condena. En este sentido, el Govern ha aprovechado las competencias en materia de gestión penitenciaria –transferidas a Cataluña desde 1994– para poder aplicar el tercer grado, pero también se ha dado la circunstancia que ni el Tribunal Supremo aceptó la petición de la Fiscalía de que los presos no progresaran al régimen de semilibertad hasta que cumplieran la mitad de la pena ni hay una Ley que estipule plazos para impedirlo.

No obstante, el constitucionalismo, liderado por el PP, va a presionar por revocar la decisión de la Generalitat. El secretario de Justicia e Interior de los populares, Enrique López, anunció que su partido denunciará el tercer grado ante las instancias que sean necesarias y urgió a la Fiscalía a actuar porque las penas deben ser «cumplidas conforme a lo dictaminado por el Tribunal Supremo».

El Ministerio Público tiene intención de agotar todos los pasos legales para tumbar el tercer grado. En este sentido, en primer lugar formulará un recurso ante los correspondientes juzgados de vigilancia penitenciaria. De raticicar la decisión de la Generalitat, como hasta ahora han hecho en todos los casos con la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario –que ha permitido a los presos salir diariamente a trabajar pese a estar clasificados en segundo grado–, la Fiscalía recurrirá, en segundo lugar, ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra.

Consciente de este incierto camino judicial, el dirigente de JxCat, Jordi Turull, aseguró ayer que el tercer grado «es un pedazo» de libertad que quiere aprovechar al máximo mientras dure. «Ya veremos qué dura, porque la Fiscalía actúa con términos de escarmiento y venganza», afirmó en una entrevista en «Rac1». Lo cierto es que el papel de la Fiscalía puede ser también muy influyente en el porvenir de la política española y las relaciones entre el Gobierno y Esquerra. De hecho, el propio Pedro Sánchez ha evitado hacer objeciones sobre la concesión del tercer grado para no airar a los republicanos, que se han convertido en socio clave de legislatura, aunque puede no ser suficiente si prosperan los recursos del Ministerio Público. El presidente del Gobierno también tiene por delante otro espinoso asunto pendiente: la gestión del indulto pedido por UGT para la exconsellera de Esquerra, Dolors Bassa.

En esta línea, el presidente de la Crida per la República, el espacio que pretende convertirse en la base del nuevo partido de Carles Puigdemont, reclamó la amnistía a Madrid. «El tercer grado es una evolución hacia un estadio que nos permitirá cumplir la condena. Si no es que, previamente, el Congreso decida hacer lo que sería razonable, justo y responsable políticamente, que es aprobar una Ley de amnistía», aseguró Sánchez a la salida del centro penitenciario de Lledoners, donde se encuentran todo los presos del «procés» salvo Bassa y Carme Forcadell.