Los letrados del Parlament admiten que la Mesa podía vetar iniciativas inconstitucionales en el “procés”

Desde 2015, a raíz de un cambio de doctrina del Tribunal Constitucional

Anna Simó dice al TSJC que actuó para "velar por los derechos" de los diputados
Juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) a los exmiembros de la Mesa del Parlament Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya. POOL 21/07/2020 POOL

La segunda jornada del juicio del “procés” a los miembros de la Mesa del Parlament ha estado marcada por el desfile de importantes testigos. Por la sala de vistas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hoy han pasado los letrados de la cámara catalana, que se convirtieron durante el tramo final del camino hacia el referéndum ilegal del 1-O en destacados protagonistas por el papel que jugaron cada vez que se impulsaba alguna iniciativa parlamentaria rupturista. Así, han declarado el letrado mayor del Parlament en 2017, Antoni Bayona, y los secretarios generales, Xavier Muro y Pere Sol, y han sostenido que avisaron del riesgo de tramitar las leyes independentistas ante las advertencias del Tribunal Constitucional. De hecho, han asegurado que los miembros de la Mesa sí podían vetar propuestas inconstitucionales.

Pese a que han apuntado, como ya hicieron ayer los cuatro exmiembros de la Mesa, que el órgano de gobierno del Parlament, generalmente, solo se limita a valorar aspectos formales de las iniciativas parlamentarias sin entrar en el contenido, también han señalado que la doctrina del TC -vigente desde 1991- cambió desde 2015 y los miembros de la Mesa sí tienen facultad para tumbar propuestas inconstitucionales. De hecho, han recordado que cambió a partir del 9 de noviembre de ese año a raíz de la aprobación de una resolución sobre el inicio del proceso independentista: desde ese momento, el TC empezó a enviar notificaciones sobre la obligación de frenar cualquier iniciativa favorable al “procés” y que se “enfrentara” a la Constitución.

En este sentido, Bayona -exletrado mayor del Parlament- ha explicado que interpuso un recurso contra el cambio de postura del TC al advertir de que era “desproporcionado” impedir desde el inicio la tramitación de las iniciativas, cuando siempre tienen un recorrido parlamentario y el contenido puede acabar variando a través de las enmiendas. En todo caso, los letrados han explicado que alertaron a los miembros de la Mesa del Parlament de las consecuencias en las que podían incurrir si continuaban adelante con iniciativas independentistas pese a los requerimientos del TC.

Las declaraciones de los letrados difiere, en cierta manera, con las de los acusados, que ayer aseguraron que su función solo se limitaba a aspectos formales. Muro ha expuesto que la Mesa, en casos de “inconstitucionalidad palmaria y evidente”, puede acordar la inadmisión de una iniciativa.

En este sentido, sobre las leyes de ruptura -votadas en los convulsos plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre-, el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, ha preguntado a Bayona sobre el procedimiento de lectura única, ya que fue así como se aprobaron. En este sentido, el letrado ha respondido que para una iniciativa se debata y vote en la cámara debe ser admitida siempre por la Mesa, sin embargo, han aclarado que la Mesa no puede impedir que se modifique el orden del día del pleno para incorporar la votación de propuestas si lo piden dos grupos, en aplicación del artículo 81.3 del reglamento de la cámara -que regula el procedimiento de lectura única-.

El juicio a los miembros de la Mesa del Parlament de la anterior legislatura -Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó- y a la exdiputada de la CUP Mireia Boya concluirá el viernes. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han elevado a definitiva su petición inicial de que se condene a los cinco acusados a 20 meses de inhabilitación por un delito continuado de desobediencia grave y una multa de 30.000 euros a cada uno, mientras VOX, que retiró al inicio del juicio su petición de 12 años de cárcel por organización criminal, mantiene su solicitud de dos años de inhabilitación por desobediencia.

Además de los letrados, también han declarado como testigos un expresidente del Parlament (Ernest Benach) y diputados y exdiputados. Entre ellos, Gabriela Serra (CUP), Antoni Castellà (Demòcrates), Lluís Llach (JxSí) o Albano Dante Fachin.