La Justicia suspende el tercer grado de cinco presos independentistas

El juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Cataluña ha suspendido el tercer grado de cinco presos independentistas. De esta manera, tan solo dos semanas después de que la Generalitat concediera la semilibertad de los líderes separatistas, la Justicia ha puesto freno a las salidas de prisión de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Raül Romeva -todos están internos en el Centro Penitenciario de Lledoners- y ha dado tres días a los abogados de los condenados para que formulen sus alegaciones.

El juez acepta la petición de la Fiscalía de esta mañana, que ha interpuesto recurso contra seis presos -los cinco y Carme Forcadell, que se encuentra en otro centro penitenciario y, por tanto, es competencia de otro juzgado de vigilancia penitenciaria resolverlo- en el que ha solicitado que se suspenda el tercer grado y regresen al segundo grado -régimen ordinario-. El Ministerio Público ha argumentado que ninguno de los presos ha cumplido ni con los fines de la condena -tanto los retributivos y de prevención general y especial como los de reeducación y resocialización- ni tampoco han cumplido una parte de la condena en prisión suficiente.

Los cinco presos -salvo Forcadell- regresarán a estar en segundo grado -como lo han estado desde principios de enero hasta el 14 de julio-, aunque ya sin aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar la estancia en prisión y que puedan salir a trabajar o realizar voluntariados entre semana. El tercer grado les permite dormir en casa tres días a la semana -de viernes a lunes- y hacer vida social y laboral -tan solo van a prisión a dormir ocho horas entre lunes y jueves-.

Los políticos presos han aprovechado, de hecho, el tercer grado para mantener una importante actividad política, social y mediática.

Fiscalía

En los escritos sobre seis de los nueve presos, la Fiscalía recoge la “incompatibilidad de la progresión a tercer grado con el cumplimiento de los fines de la pena, tanto los retributivos y de prevención general y especial como los de reeducación y resocialización”. En este sentido, recuerda que la pena “ha de constituir un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales”. Por ello, considera que el internamiento efectivo es el “único modo de concienciar al delincuente de que no puede abusar de la situación de poder que ostentaba convirtiendo su propia voluntad en ley”. De lo contrario, “supondría que la imposición del castigo a los culpables de este tipo de delitos quedaría impune”.

Junto a la “prevención especial”, la Fiscalía defiende que la pena cumple una función de “prevención general” cuyo objetivo es restablecer “la confianza del resto de la sociedad en el Estado de Derecho”: es decir, amenazar con sanción el incumplimiento de la norma y dar “confianza” a los ciudadanos para que tengan la garantía de que “en caso de infracción de la Ley, esta va a ser aplicada”.

Asimismo, el fiscal ha alegado la duración de la pena como requisito para progresar al tercer grado y ha sostenido que no se puede conceder la semilibertad “en fases tan iniciales de cumplimiento” de la condena “como es el caso”, algo que considera que es “un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento”.

Finalmente, apunta a que no se cumplen los fines de reeducación y resocialización ya que ambos fines “deben enfocarse” a “hacer del interno una persona con la intención y la capacidad de vivir respetando la Ley penal, así como de subvenir a sus necesidades”, algo que, a su juicio, “difícilmente” se puede dar en tanto que los presos no reconocen el delito cometido, pese a que sí considera que hayan reconocido los hechos y las consecuencias.

“Las prematuras clasificaciones en tercer grado producen el menoscabo de los fines esenciales de la pena”, advierte el fiscal.

El resto de presos

De los nueve presos, la Fiscalía ha recurrido hoy solo el tercer grado de seis. El Ministerio Público todavía tiene que valorar la situación de Bassa, Josep Rull y Jordi Turull.