Torra y Colau piden entre 44 y 95 años por los ataques terroristas del 17-A

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, como la Fiscalía, han descartado, por el momento, acusar de asesinato a los tres procesados por los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017 –el lunes se cumplirá el tercer aniversario–, que dejó 16 fallecidos y más de 140 heridos. Ambas instituciones, que ejercen de acusación particular, piden penas de entre 95 y 44 años de cárcel después de que la Audiencia Nacional acordara la apertura de juicio oral a principios del mes de julio.

Si bien, según precisan desde el Ayuntamiento de Barcelona, no se descarta que a medida que avance el juicio se pueda incluir la acusación de asesinato. Ahora, según explican, los atentados están «fuera del objeto de juicio» pese a que el consistorio pidió que estuvieran incluidos. «Por tanto, el debate del juicio se limitará a la implicación de los procesados en la célula terrorista, pero no serán juzgados por ningún acto terrorista concreto», detallan desde el ente municipal gobernado por Ada Colau, por lo que justifican así que no hayan podido acusar de asesinato a los tres procesados. Ahora bien, el Ayuntamiento sostiene que en función de lo que se pueda demostrar durante el juicio, se podrá modificar el escrito de conclusiones provisionales e incluir finalmente la acusación de asesinato.

Lo cierto es que ninguno de los presuntos autores materiales de los atentados será juzgado porque todos fueron abatidos por los Mossos d’Esquadra –cinco en Cambrils (Tarragona) y otro en Subirats (Barcelona)–, mientras que el imán de Ripoll y presunto cabecilla de la célula terrorista, Abdelbaki Es Satty, y otro de los miembros de la célula fallecieron al estallar los explosivos que preparaban y manipulaban en una casa de Alcanar (Tarragona). A la explosión en esa vivienda escapó Mohamed Houli Chemlal, que, junto a Driss Oukabir –a cuyo nombre estaba el alquiler de la furgoneta del atropello en Las Ramblas–, están procesados por los presuntos delitos de integración en organización terrorista, fabricación, tenencia y depósito de sustancias explosivas; y estragos de carácter terrorista. El tercer procesado es Said Ben Iazza, a quien la Audiencia Nacional imputa colaboración con actividades de organización terrorista por prestarles una furgoneta frigorífica de la carnicería que regentaba en Vinarós (Castellón) para transportar material para fabricar los precursores de los explosivos.

La Audiencia Nacional no ha procesado a ninguno de los tres por asesinato, aunque dejó la posibilidad a que lo plantearan las acusaciones. De momento, una vez que Fiscalía, Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona han presentado sus escritos de calificación, tan solo las asociaciones de víctimas (AVT y 11M) o el Ayuntamiento de Cambrils piden para ellos prisión permanente revisable al considerarlos responsables de los muertos y heridos en los ataques.

Los servicios jurídicos de la Generalitat piden 44 años para Houli y Oukabir por los delitos de pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos, conspiración para cometer estragos y lesiones por imprudencia grave. Además, en nombre de los bomberos heridos en una explosión de Alcanar durante las labores de desescombro, solicitan penas que suman 41 años de cárcel. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, eleva las penas de esos dos procesados a 95 y 90 años de cárcel, respectivamente, al imputarles también las lesiones que causaron a 27 personas que resultaron heridas en la explosión de Alcanar.

Para Ben Iazza, tanto la Generalitat como el Ayuntamiento solicitan una pena de ocho años de prisión, cinco de libertad vigilada y multas por un delito de colaboración con organización terrorista.

Además de las penas de prisión, la Generalitat solicita que los acusados indemnicen a los bomberos y a los mossos, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona pide ser resarcido por los daños materiales causados por los ataques en la ciudad.