Nuevo plan de Puigdemont para desgastar a Esquerra: alargar la legislatura hasta finales de 2021

Ni convocatoria electoral, ni presidencia simbólica, ni candidato alternativo. Ninguno de esos tres escenarios que se han ido planteando durante los últimos meses parece estar ahora en los planes de Quim Torra y Carles Puigdemont para responder a la previsible inhabilitación del presidente de la Generalitat. El nuevo horizonte político que dibuja el expresidente de la Generalitat y líder de JxCat es que, una vez que Torra sea destituido del cargo por el Tribunal Supremo, el Govern, recientemente renovado con el cambio de tres consellers, continúe gestionando el día a día y corra la legislatura hasta que se agoten los cuatro años en diciembre de 2021.

«Yo soy partidario de que la legislatura se agote», ha afirmado esta mañana Puigdemont en una entrevista en «Rac 1», donde ha explicado que su apuesta para «no acatar» la decisión del Supremo pasaría por «no nombrar» a ningún candidato alternativo y tratar de lograr un consenso con Esquerra y la CUP para «encarar el final» de legislatura hasta 2021. De esta manera, el Govern quedaría descabezado sin president –algunas de sus responsabilidades serían asumidas por el vicepresidente Pere Aragonès, aunque tendría funciones limitadas (como, por ejemplo, la convocatoria de elecciones)– y en funciones.

Con la Ley en la mano, es un escenario que es posible, aunque augura un nuevo choque con Esquerra y también limitaría mucho la acción de gobierno de la Generalitat en un contexto más que sensible por los problemas económicos y sociales derivados de la crisis sanitaria. Así, la Ley de presidencia de la Generalitat estipula que hay un plazo de 10 días para investir a un candidato –tiene que ser diputado–, pero si no obtiene los votos suficientes, correría un plazo de dos meses para tratar de encontrar a otro candidato con los apoyos suficientes. Si tampoco hay éxito, se convocarían elecciones automáticamente.

Si bien, la cuestión ahora es que para que corra el reloj tiene que haber un candidato a la investidura, una posibilidad que han vetado Torra y Puigdemont. De ser así, el tiempo correría sin límite hasta que se agote la legislatura –diciembre de 2021– salvo que el presidente del Parlament (ERC), Roger Torrent, tome cartas en el asunto y decida acogerse a la doctrina que fijó el Consejo de Estado en 2003 –dictamen 1985/2003–, que le permitiría convocar un pleno para comunicar que no hay ningún candidato y serviría como «acto equivalente y tendría el mismo valor que una primera votación fallida» y activaría la cuenta atrás hacia las elecciones, según explican desde los servicios jurídicos del Parlament.

De dar ese paso, Torrent y Esquerra volverían a situarse en el punto de mira del independentismo: tendrían que asumir de nuevo una campaña de desgaste de JxCat en pleno rumbo a las elecciones. Para evitar tener que pagar de nuevo coste alguno, los republicanos insisten una y otra vez en las últimas semanas en la necesidad de consensuar una respuesta a la previsible inhabilitación de Torra y apuestan, en este sentido, por que el president convoque antes de la resolución del Supremo.

La situación de este desenlace de legislatura se asemejaría mucho al inicio de la legislatura: entonces, una vez superados los 10 días, no se celebró ningún pleno de investidura porque Torrent decidió suspender la sesión telemática prevista el 30 de enero de 2018 para votar a Puigdemont a última hora por las advertencias judiciales. Ese periodo sin primera votación se alargó hasta el 20 de marzo, cuando el exconseller Jordi Turull fue propuesto para ser investido, pero se quedó sin los apoyos suficientes tras el rechazo de la CUP.

Como alternativa, entonces, ya se especuló con que algún diputado de los grupos constitucionalistas se propusiera como candidato a una investidura para que el reloj se activara. Un escenario que ahora también se podría dar si se prestan tanto PSC, como Ciudadanos y PP o, incluso, los «comunes», que reclaman elecciones y escapar de la espiral de confrontación permanente con el Estado que abandera JxCat.

Además del previsible choque político, esta vía de Puigdemont también cuenta con un problema que se le puede volver en contra: y es que un Govern en funciones no puede presentar proyectos de Ley ni dictar decretos legislativos, una circunstancia que generaría una importante parálisis en pleno tsunami del coronavirus. En este sentido, la Generalitat se quedaría sin la capacidad de aprobar unos presupuestos para 2021, una cuestión que sí se erigió en fundamental para Torra en 2020 tras dos años de prórroga presupuestaria, pero que ahora quedaría bloqueada. Este marco, por tanto, con una sociedad más preocupada ahora por los efectos de la emergencia sanitaria, se podría volver en contra de JxCat, que trata de situar la confrontación y el «procés» en primer plano.