Torra no designará sucesor si es inhabilitado para retrasar las elecciones en Cataluña

Oídos sordos al clamor electoral. Oposición y partidos independentistas exigen desde hace días a Quim Torra que fije una fecha para celebrar las elecciones en Cataluña teniendo en cuenta que ya dio la legislatura por agotada el 29 de enero y que, previsiblemente, será inhabilitado en los próximas días tras la cita de hoy ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, el president y JxCat se resisten y dirigen a la política catalana a un nuevo periodo de incertidumbre y crispación.

Torra despachó ayer el Debate de Política General, la cita parlamentaria más importante del curso –junto a la votación de los presupuestos–, sin ningún anuncio ni ningún plan político para el horizonte más inmediato. Se dedicó a repasar y reivindicar su obra de gobierno y su gestión de la pandemia, en un momento en que empieza a remitir en Cataluña. Su intención inicial pasaba por haber convocado los comicios en cuanto la crisis del coronavirus hubiera dado alguna oportunidad, pero las presiones de JxCat, encabezadas por Carles Puigdemont, han surtido efecto y han desplazado el calendario electoral a 2021. Todas las estimaciones invitan a pensar que los comicios podrían celebrarse en febrero, aunque serán el Tribunal Supremo y el Parlament quienes marquen los tiempos a partir de hoy.

El Alto Tribunal tiene que resolver el recurso interpuesto por Torra contra la condena a 18 meses de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia. Si ratifica la sentencia del TSJC, como es previsible, una vez se publique la resolución, que podría estar lista para principios de octubre, la cámara catalana asumirá todo el protagonismo y deberá gestionar el desenlace de la legislatura. De nuevo, todas las miradas se posarán sobre Roger Torrent y ERC.

Y es que a partir de ahí se abren diferentes escenarios y todos ellos llevan al Parlament. De entrada, Torra ya ha descartado convocar elecciones a iniciativa propia, ejercer una presidencia simbólica o proponer a un candidato alternativo que le sustituya, como se había planteado en las últimas semanas. Así, su plan pasa ahora por dejar correr la legislatura hasta que se agote con un Govern en funciones, aunque también amaga con atrincherarse. En este sentido, ya aseguró recientemente que contemplaba la desobediencia y mañana el Parlament votará una resolución –impulsada por JxCat, Esquerra y la CUP– que recuerda que solo la cámara legislativa tiene «legitimidad para otorgar o retirar la confianza al president y al Govern de la Generalitat» y, por lo tanto, abre la puerta a celebrar un pleno para votar su cese –ya ocurrió cuando en enero las fuerzas independentistas unieron fuerzas y votaron contra la retirada de su acta de diputado–.

Si bien, la presión se pondrá sobre Torrent, sobre todo, cuando se vea obligado a activar la cuenta atrás hacia las elecciones para evitar el bloqueo de la política catalana. Una circunstancia que los republicanos quieren evitar y, por ello, junto a la CUP, aprietan para pactar una fecha electoral y una respuesta al Supremo. Después de que JxCat haya rechazado plantear un candidato alternativo a Torra, el presidente del Parlament tendrá que tomar cartas en el asunto y decidir entre dos hipotéticas vías para que el reloj empiece a contar: o bien acogerse a la doctrina que fijó el Consejo de Estado en 2003 –dictamen 1985/2003–, que le permitiría convocar un pleno para comunicar que no hay ningún candidato y serviría como «acto equivalente y tendría el mismo valor que una primera votación fallida», según explican desde los servicios jurídicos del Parlament; o bien convoca un pleno con algún candidato de la oposición que se preste a ello. Entonces se abriría un periodo de dos meses para elegir nuevo president o, llegado el caso y si no hay acuerdo, las elecciones quedarían convocadas de forma automática y serían 54 días después.

Una vía posible teniendo en cuenta el clamor de la oposición para que el president ponga punto y final a la legislatura y el anuncio de ayer de Ciudadanos en el Parlament: su nuevo líder, Carlos Carrizosa, quiere negociar con el resto de la oposición y «buscará fórmulas» para «evitar que el president (Quim) Torra se salga con la suya y bloquee Cataluña» tras su inhabilitación. De hecho, ya se especuló con esta vía al inicio de la legislatura cuando el proceso de investidura también encalló tras frustrarse la elección telemática de Puigdemont como president. Entonces, Cataluña estuvo más de mes y medio sin una primera votación fallida para que el reloj se pusiera en marcha.

Esta opción, además, permitiría a Ciudadanos dar carpetazo a las críticas por no haber intentado presentarse a la sesión de investidura con Inés Arrimadas tras haber ganado los comicios de 2017 al no contar con los apoyos suficientes. También serviría de plataforma a un partido en caída libre en las encuestas y con un líder nuevo, el propio Carlos Carrizosa, en busca de un frente constitucionalista pese a que ni la suma del bloque de PSC-Cs y PP (57) llega a la mayoría (68).

Y es que el resto de partidos, desde el PSC al PP y los «comunes», reclaman elecciones de «forma inmediata», como así constataron en sus respectivas propuestas de resolución. El líder «popular» Alejandro Fernández fue muy claro al respecto y reclamó a Torra que «asuma su responsabilidad» ante su posible inhabilitación firme: «No conduzca Cataluña a la miseria». «Parece que les importa un pimiento bloquearlo todo siguiendo los dictados del búnquer de Waterloo», agregó. Miquel Iceta (PSC) recordó a Torra que ya dio por agotada la legislatura el 29 de enero: «Usted dijo que se sentía desautorizado, poco defendido por haber perdido su condición de diputado, que el Govern estaba dividido y la legislatura, agotada».