Las otras causas judiciales del “procés” aún abiertas por el 1-O

Altos cargos de la Generalitat y policías, investigados por la Justicia

Al margen de los líderes del “procés” condenados por el Supremo, el 1-O dejó abiertos otros frentes judiciales que, tres años después, se han cobrado ya más de un centenar de encausados: desde los técnicos que lo diseñaron o alcaldes que lo facilitaron a los policías enviados para abortarlo.

Estas son las principales causas judiciales que dirimen las responsabilidades penales del 1-O, más allá del impulso político al referéndum, que ha costado condenas por sedición a la cúpula del independentismo, y de su tramitación legislativa, por la que los miembros de la Mesa del Parlament están a la espera de sentencia:

EL DISEÑO Y LA FINANCIACIÓN DEL 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sitúa a los diputados de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó en la cúspide de la trama encargada de la planificación del referéndum ilegal, desde los altos cargos que ocupaban -junto al ahora vicepresidente y presidente sustituto de la Generalitat, Pere Aragonès- en la consellería de Economía que dirigía Oriol Junqueras.

Por ello, la juez instructora les ha procesado por los delitos de malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos y les ha impuesto fianzas que suman 4,5 millones de euros. Ambos diputados están a las puertas de juicio, a la espera de que la Fiscalía concrete las penas que pide para ellos.

A Jové, uno de los nombres con más peso en ERC y que formó parte del equipo republicano que negoció con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez, la juez le atribuye una participación “activa” en los preparativos del 1-O y haber autorizado gastos superiores a 2,1 millones de euros que, camuflados en otras partidas, sirvieron para financiar la votación.

Parte de los indicios contra Jové se basan en la agenda “Moleskine” que la Guardia Civil le incautó en su domicilio, un documento -no reconocido por el procesado como propio- que según las acusaciones esbozaba la hoja de ruta unilateral a la independencia.

A Salvadó, que junto a Jové fue detenido el 20S de 2017, la magistrada lo vincula con el diseño de las llamadas “estructuras de Estado” para una eventual Cataluña independiente, principalmente por preparar la Agencia Tributaria catalana para que recaudara todos los impuestos.

LA LOGÍSTICA DE LA VOTACIÓN

Por la organización del referéndum, la justicia ha procesado a una treintena de cargos del Govern de Carles Puigdemont: directivos de medios públicos catalanes, técnicos de la Generalitat y empresarios que aguardan juicio por delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos o prevaricación.

Se les vincula con la distribución de las tarjetas censales, la logística informática, la impresión de las papeletas, la publicidad de las campañas institucionales del 1-O, el pago de los viajes, el alojamiento de los observadores internacionales que debían supervisar la votación o la ocultación de las partidas presupuestarias destinadas al referéndum.

La causa, abierta a raíz de las controvertidas conferencias en las que el exsenador de ERC Santi Vidal aseguró que el Govern estaba recabando ilegalmente los datos fiscales de los catalanes, ha dejado a un paso del banquillo a Amadeu Altafaj, director de la delegación del Govern ante la UE durante el 1-O; Rosa Vidal, interventora de la Generalitat; Albert Royo, secretario general del Diplocat; y los directores de la CCMA, TV3 y Catalunya Ràdio.

Los procesados por el delito de malversación -la mitad de los encausados- han tenido que depositar una fianza de 5,8 millones de euros para garantizar su posible responsabilidad civil por el dinero público supuestamente desviado al referéndum.

EL APOYO MUNICIPAL AL REFERÉNDUM

En una decena de alcaldes imputados ha quedado la macroinvestigación que el exfiscal general del Estado José Manuel Maza alentó, en vísperas del 1-O, contra los ediles de los más de 712 ayuntamientos que, según la web de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), habían aprobado decretos para apoyar el referéndum.

Unos 70 alcaldes -empezando por aquellos que eran también diputados del Parlament y, por lo tanto, aforados- desfilaron como investigados ante la Fiscalía en fechas cercanas al 1-O, pero el ministerio público acabó archivando el grueso de las diligencias y las delimitó con un criterio claro: solo se seguiría adelante con los ediles que facilitaron locales o material para la consulta.

Entre ellos, el conseller de Acción Exterior, Bernat Solé, a la espera de ser juzgado por desobediencia -la Fiscalía le pide año y medio de inhabilitación- por hacer posible el referéndum del 1-O cuando era alcalde de Agramunt (Lleida), cediendo locales públicos y ocultando urnas.

Y el exalcalde de Molins de Rei (Barcelona) Joan Ramon Casals, director de la Oficina del President y hombre de confianza de Quim Torra, que está a un paso de juicio a raíz de una denuncia de la Fiscalía por permitir que cuatro locales de titularidad municipal acogieran urnas.

LA FUGAZ SINDICATURA ELECTORAL

Fue uno de los primeros puntales del referéndum que la ofensiva judicial contra del 1-O logró derribar: los cinco miembros de la Sindicatura Electoral cesaron en el cargo, cuando no llevaban ni un mes nombrados, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios.

Ello no impidió que la Fiscalía siguiera adelante con la querella que había presentado contra ellos y, el próximo mes de noviembre, serán juzgados por los delitos de desobediencia grave y usurpación de funciones, por los que afrontan penas de hasta dos años y nueve meses de prisión.

LA GESTIÓN POLICIAL DEL REFERÉNDUM: TRAPERO Y LOS MOSSOS

El papel de los Mossos d’Esquadra ante el referéndum está sobre la mesa de la Audiencia Nacional tras el juicio al mayor Josep Lluís Trapero, quien aguarda una sentencia que puede costarle su salida del cuerpo si el tribunal estima que planificó la inacción de sus agentes pese a la orden judicial de impedir el 1-O.

Trapero entró en el juicio acusado de rebelión -calificación que la Fiscalía se resistió a modificar pese a que fue descartada por el Supremo en la sentencia del “procés”- y salió no solo con una rebaja a sedición sino con una alternativa de delito de desobediencia que el ministerio público planteó a última hora.

El desenlace de su causa puede condicionar el devenir de las investigaciones abiertas a la cúpula de los Mossos -incluido el jefe del cuerpo en la etapa del 155 Ferran López- en un juzgado de Sabadell (Barcelona), ahora pendientes de un recurso en la Audiencia.

El grueso de las diligencias que, los días posteriores al referéndum, una veintena de juzgados catalanes abrieron contra los Mossos por no impedir la votación se han ido archivando, aunque son varias las resoluciones judiciales que reprochan a la policía catalana el insuficiente operativo diseñado para evitar la votación.

LAS CARGAS

Las cargas policiales contra votantes del 1-O han ido sumando agentes imputados en distintos juzgados catalanes, en los tres años transcurridos desde el referéndum, pese a las dificultades para identificar unos efectivos que a menudo no llevaban visible su número de placa.

En Barcelona, la causa que investiga la actuación de la Policía Nacional entra en su recta final con más de 60 agentes imputados además de un votante, Roger Español, excandidato de JxCat al Senado que perdió un ojo por una pelota de goma disparada a las puertas de un colegio del 1-O y está acusado de atentado a la autoridad por arrojar una valla contra los agentes.

El destino de la causa -que acumula más de 300 partes de lesiones- está ahora en manos de la Audiencia, que debe decidir si archiva el grueso de las 27 piezas abiertas, tal como solicitó la Fiscalía, y prosigue sólo con media decena de actuaciones “individualizadas” de agentes, la mayoría por delitos leves.

Un extremo al que el magistrado instructor se opuso al entender que la actuación de la Policía Nacional “no se ajustó” a “estándares internacionales” y hubo votantes tratados sin “consideración”, lo que a su parecer puede entrañar cuanto menos un delito contra la integridad moral.

La Audiencia tendrá además la última palabra sobre la imputación de dos altos mandos de la Policía Nacional -el jefe de las Unidades de Intervención Policial de Barcelona, José Miguel Ruiz Iguzquiza, y el de la Brigada Provincial de Información en Cataluña, Juan Manuel Quintela-, solicitada al juez, hasta ahora sin éxito, por las acusaciones particulares y populares.

Paralelamente, por las cargas policiales en los centros de votación de Girona, están siendo investigados un total de 25 policías nacionales y tres guardias civiles, mientras que la actuación en el municipio tarraconense de Sant Carles de la Ràpita ha derivado en una causa judicial en la que permanecen imputados 14 agentes del instituto armado.