Condenan a la Universidad de Barcelona por vulnerar la neutralidad ideológica con un manifiesto de apoyo a los presos

El fallo obliga al centro a publicar la sentencia en su página web durante un mes

El Juzgado número 3 de Barcelona ha condenado a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y a la libertad de expresión de sus profesores y alumnos, y el derecho a la educación de estos últimos, con la publicación de un manifiesto conjunto a favor de los líderes políticos del “procés” tras el fallo del Tribunal Supremo en otoño del año pasado.

La sentencia considera que la UB ha infringido su deber de neutralidad y estima en su integridad la demanda presentada por cuatro profesores del colectivo Universitaris per la Convivència y un alumno, declarando la nulidad de pleno derecho del acto de aprobación del manifiesto. El fallo obliga a la universidad a publicar la sentencia en su página web durante un mes y a pagar las costas procesales.

El manifiesto en cuestión, publicado el 21 de octubre, calificaba de injusta a la sentencia y “exigía la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas, el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas”. Asimismo, rechazaba “la represión y la violencia policial” y denunciaba que “los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva y la condena por sedición”, incurriendo así en una “deriva autoritaria” que “criminaliza la disidencia”.

“La Universidad no puede asumir como propia una posición política determinada, y tanto menos cuando esa posición es manifiestamente contraria a los valores y principios del ordenamiento jurídico vigente”, precisa la sentencia. Además, invoca la doctrina del Tribunal Constitucional y recuerda que las instituciones públicas no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión y “por ello, el referido Manifiesto no puede tener cobertura en la libertad ideológica y de expresión”.

Universitaris per la Convivència considera que esta sentencia supone “un espaldarazo importantísimo” a sus reivindicaciones en defensa de una universidad que no ha de pronunciarse “en nombre de todos asumiendo por decreto una verdad única”.

Según el colectivo, esta resolución judicial respalda plenamente sus reivindicaciones. Recuerdan, en un comunicado, que antes de abrir la vía judicial, habían denunciado, en carta abierta a los rectores catalanes y ante el Defensor del Pueblo “la instrumentalización política de las universidades que implicaban estos manifiestos”.

Los demandantes son el catedrático de Filosofía del Derecho Ricardo García Manrique, el catedrático de Derecho Financiero y Tributario José Andrés Rozas, la profesora de Derecho Civil Chantal Moll de Alba, el catedrático de Ciencia Política Rafael Martínez y el estudiante de Relaciones Laborales Daniel Tolosana.

Antes de la celebración del Claustro, García Manrique había solicitado a la Mesa la anulación de la convocatoria por entender que la aprobación del manifiesto excedía el ámbito competencial, y vulneraba la libertad ideológica y de expresión de todos los miembros de la Universidad (profesores, alumnos y personal administrativo y de servicios), al atribuirle a esta en su conjunto una opinión política determinada, ofreciendo una imagen de unidad que no se corresponde con la pluralidad. “El Claustro desestimó la petición del profesor claustral y procedió a la discusión y votación del manifiesto, que se aprobó por amplia mayoría de los presentes. Fueron estos hechos los que motivaron la interposición de la demanda”, asegura el colectivo.

La sentencia recoge que el “derecho a la educación también resulta vulnerado, por cuanto la defensa por parte del Claustro de actos declarados inconstitucionales y perseguidos por la jurisdicción penal no solo infringe el deber de neutralidad ideológica”, y que además, “dificulta el desarrollo integral de alumnos y profesores que la ley deja en manos de la Universidad”.

Se trata de una severa condena a la UB, ya que la demanda se estima en su integridad, después de haber sido descartados todos y cada uno de los argumentos que el centro alegó en su defensa.