El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha convocado esta mañana a la defensa del expresident Quim Torra y la Fiscalía (acusación) para abordar la ejecución de la condena a 18 meses de inhabilitación. En este sentido, se han tratado dos aspectos: por un lado, el mantenimiento de los derechos que corresponden a los expresidents por Ley, que el Ministerio Público accede a aceptarlo; por otro lado, determinar la duración de la pena, donde ha habido disenso.
En este sentido, la Fiscalía considera que el salario que le corresponde como expresident no puede ser entendido como un honor, sino como una forma de evitar el paso inmediato de la administración pública a la empresa privada, conocido como “puertas giratorias”. Así, Torra cobrará 122.000 euros anuales durante 14 meses y, una vez cumpla 65 años, accederá a una pensión vitalicia de 92.000 euros anuales.
Por otro lado, ha habido diferencias en la duración de la pena. La defensa de Torra aduce que, al ser desposeído de su acta de diputado en enero al ordenar la Junta Electoral Central, se deberían descontar cuatro de los 18 meses de inhabilitación que ha sido condenado.