La Generalitat cede ante los radicales: los antidisturbios llevarán la identificación a la vista

La combinación alfanumérica pasa de nueve a seis dígitos para ser recordada más fácilmente y será visible en el casco

Los agentes de la Brigada Móvil (Brimo), los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra, incorporarán en los próximos días el nuevo Número de Orden Público (NOP) en la parte delantera del chaleco protector y en los dos laterales del casco, lo que permitirá identificarles desde todos los ángulos, ya que hasta ahora solo lo llevaban en la espalda.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado este jueves, los efectivos de orden público llevarán la nueva identificación en sus actuaciones cuando, por necesidades operativas, usen el chaleco que impide que se vea el Número de Identificación Profesional (TIP).

Este cambio permitirá identificar más fácilmente y desde cualquier ángulo a los policías en manifestaciones y protestas que requieren intervenciones de orden público, y llega después de que el nuevo conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, viera un “campo de mejora importante” en las actuaciones de los antidisturbios de los Mossos.

Hasta ahora los agentes de orden público solo llevaban el número de identificación en la parte trasera del uniforme, por lo que ahora será visible en 360 grados, además de que se “simplifica” la combinación alfanumérica del NOP, pasando de nueve a seis dígitos, para que pueda ser recordado más fácilmente por el ciudadano.

Esta nueva identificación ampliada responde “a la voluntad de mejora del Cuerpo de Mossos d’Esquadra en orden público y se inscribe en el marco de la instrucción 7/2013 sobre el establecimiento del NOP en la Brimo”, resalta el cuerpo policial.

La instrucción determinaba la incorporación del número en la parte posterior de los chalecos protectores para identificar a los agentes durante las actuaciones de orden público en caso de posible exceso o mala praxis.

DIFERENCIARSE DE OTROS CUERPOS

Esta nueva identificación, puntualiza el comunicado, permitirá “diferenciar” a los efectivos antidisturbios de los Mossos del resto de fuerzas y cuerpos de seguridad que intervengan simultáneamente o de forma coordinada con ellos, como por ejemplo en el caso de la Policía Nacional, con quien compartieron dispositivo tras la sentencia del 1-O en Barcelona.

Este cambio se realizará en dos fases: la primera, con un presupuesto de 11.500 euros, se aplicará a todos los agentes de la Brigada Móvil y será efectiva en los próximos días, y la segunda, cuya licitación ya ha empezado, llegará a todos los efectivos de las Áreas Regionales de Recursos Operativos (Arro) de Catalunya.

SÀMPER

Desde su llegada a la Conselleria de Interior a principios de septiembre de la mano del expresidente de la Generalitat Quim Torra, Sàmper ha hecho hincapié en las posibilidades de mejora que veía en las actuaciones antidisturbios de los Mossos.

También ha defendido que su objetivo es lograr una “coexistencia” entre el derecho a la seguridad de las personas y del derecho a la manifestación.

En esta línea, anunció que actuaría en base a las conclusiones de la auditoría que el Govern lanzó al cuerpo de Mossos por su actuación durante las protestas por la sentencia a los líderes independentistas por el proceso soberanista.

IRÍDIA: “GRAN VICTORIA”

El portavoz del Centro de Defensa de los Derechos Humanos Irídia, Andrés García, ha valorado que el anuncio de Mossos es “una gran victoria para poder generar mecanismos de protección y de prevención ante la violencia institucional”, y lo ha visto como una medida de normalidad democrática y transparencia ante posibles conductas incorrectas.

“Para nosotros es muy importante ver cuál es el sistema concreto de implementación, cuál será la medida concreta por delante, detrás y el casco para garantizar el mandato del Parlament”, que preveía que la identificación sea clara.

García ha recordado que el Parlament ha aprobado dos veces la implementación de este nuevo sistema de identificación, la última vez hace unas semanas, una iniciativa parlamentaria “con una redacción conjuntamente de Irídia y Amnistía Internacional”, con apoyo de más de 21 entidades de derechos humanos.