El TSJC condena a 20 meses de inhabilitación por desobediencia a cuatro ex miembros de la Mesa del Parlament

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a 20 meses de inhabilitación y al pago de una multa de 30.000 euros a los cuatro miembros independentistas de la Mesa del Parlament de la anterior legislatura –los postconvergentes Lluís Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, y la republicana Anna Simó, todos de la coalición independentista JxSí– por un delito de desobediencia al haber permitido la tramitación de las denominadas leyes de «desconexión» en septiembre de 2017 con el fin de dar cobertura al 1-O, de la propia declaración unilateral de independencia del 27 de octubre y de otras iniciativas y resoluciones parlamentarias desde 2015. La diputada de la CUP, Mireia Boya, ha sido absuelta.

La sentencia resalta que «la conducta inobediente» de los miembros independentistas de la Mesa «puede calificarse, sin discusión, de manifiestamente contumaz, obstinada, recalcitrante y persistente y, por lo mismo, de abiertamente opuesta a las prescripciones del Tribunal Constitucional (TC)».

En el fallo, el TSJC especifica que los acusados admitieron a trámite iniciativas parlamentarias «con las que se pretendía a las claras desarrollar» la declaración de ruptura con el Estado del 9-N de 2015 «culminando» en las leyes aprobadas para convocar un «referéndum ilegal» –del 6 y 7 de septiembre de 2017– y preparar «el advenimiento de un nuevo estado en forma de república». «No cabe duda de que los acusados desobedecieron al TC».

El TSJC repasa también los sucesivos mandatos del Constitucional a los miembros de la Mesa y asegura que fueron «concretos, rotundos, claros e inteligibles, no dejando resquicio alguno a dudas sobre lo que se ordenaba, mandaba o prohibía mediante ellos en cada momento». Además, rechaza el argumento esgrimido por las defensas de que que la tramitación de resoluciones está amparada por la inviolabilidad parlamentaria: «No puede erigirse en razón para soslayar el cumplimiento de las resoluciones del TC, ni puede servir en modo alguno de argumento para que la Cámara autonómica se considere legitimada para atribuirse la potestad de vulnerar el orden constitucional».

El tribunal ha impuesto a los cuatro condenados la pena de inhabilitación solicitada por la Fiscalía, de un año y ocho meses de cárcel, que les impide ejercer cualquier cargo electo en los ámbitos local, provincial, autonómico, estatal o supranacional. De acuerdo con la sentencia, los condenados deberán hacerse cargo de una décima parte de las costas del proceso incluidas las de la acusación particular ejercida por la Abogacía del Estado, pero no así de las de Vox, que era acusación popular en la causa.

Aunque aún no es firme ya que se puede recurrir al Supremo, la inhabiliación por desobediencia podría conllevar la pérdida del acta de diputado a Lluís Guinó, el único de los cuatro miembros que aún se mantiene en activo y que compagina su puesto en el Parlament en JxCat con la alcaldía de la localidad de Besalú.

Sobre la absolución de la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, acusada de desobediencia por impulsar la aprobación de las citadas leyes «de desconexión», el TSJC concluye que no fue advertida nominalmente por el Constitucional ni que, por su cargo de presidenta del grupo anticapitalista en el Parlament, tuviera capacidades de intervención para impedir su tramitación.

ERC clama contra la sentencia: “Es una aberración”

El independentismo, con el presidente de la cámara, Roger Torrent a la cabeza, calificó la condena de «aberración democrática» y «ataque al parlamentarismo». La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha comparecido casi al mismo tiempo que se hacía pública la sentencia del TSJ a los miembros de la Mesa del Parlament en 2017 y ha valorado de forma muy contundente el fallo, que ha definido como una “aberración democrática”. “Es una persecución al parlamentarismo que busca la venganza y el castigo”, ha asegurado.

Vilalta ha asegurado que la sentencia es “una nueva injusticia, un nuevo ejemplo de la causa general contra el independentismo”, ha expresado su apoyo a los exmiembros de la Mesa condenados y ha celebrado la absolución de Boya.

En esta misma línea se ha expresado el presidente del Parlament, Roger Torrent a través de un mensaje en las redes sociales: Es un “nuevo ataque al parlamentarismo y a la libertad de expresión”. “Debatir, hablar y discutir libremente sobre cualquier tema en sede parlamentaria no es un delito, es un derecho”, ha defendido