La inseguridad en las cárceles catalanas: “Hay patios con tres funcionarios por cada 120 presos”

Empleados de los centros penitenciarios denuncian el riesgo que supone la falta de efectivos y advierten de la cifra “alarmante” de agresiones que sufren

Imagen de archivo de la entrada al centro penitenciario Brians 2

Los centros penitenciarios catalanes se han puesto en el foco en los últimos tres años por el mediático ingreso de los presos independentistas, pero esa circunstancia no ha variado ni un ápice el día a día de sus empleados. Tampoco el reciente asesinato registrado en Brians 2, que ha puesto, más que nunca, de reflejo la inseguridad que hay en las cárceles catalanas y que tiene a los funcionarios enfurecidos desde hace años. ¿Por qué? Por la falta de efectivos: lamentan que la plantilla está muy mermada y eso impide trabajar con garantías de seguridad en las prisiones.

“La inseguridad que se vive dentro de las prisiones es directamente proporcional a la falta de personal”, considera Albert Gómez, portavoz de CSIF Prisiones en Cataluña, que también matiza que, probablemente, el asesinato fuera muy difícil de evitar porque “el tiempo de reacción era muy justo” -según ha trascendido, un interno asestó más de una veintena de puñaladas a otro-. No obstante, también ofrece un dato que da buena cuenta de la situación en los centros penitenciarios: “Hay patios con tres funcionarios por cada 120 presos. Es imagen de inseguridad”.

“La imagen de inseguridad que esto transmite es mayúscula”, reitera Albert. Los datos, en este sentido, son meridianos: durante la primera mitad del año -entre enero y junio-, se registraron 154 agresiones a funcionarios, de las cuales 25 fueron de carácter grave que requirieron baja médica. En el mismo periodo en 2019 se registraron 158, de las cueles 24 fueron graves: es decir, la tendencia se mantiene estables en “cifras alarmantes”.

Los funcionarios rechazan que las competencias vuelvan a estar en manos del Estado -Cataluña es la única autonomía que ha asumido el mando de prisiones- porque reivindican el modelo catalán, pero claman por reforzar la política de recursos humanos. Acumulan ya más de una década sin que se convoque oposiciones y la plantilla está cada vez más mermada: en estos momentos, hay en torno a 3.600 profesionales, de los cuales 700 son interinos y 400 están por encima de los 57 años -es decir, cerca de la jubilación-, según los datos que maneja CSIF.

Este marco laboral, entienden, da “mucha inestabilidad” y reclaman que salga 1.100 plazas para acoger a los interinos y dar relevo a los que están a las puertas de la jubilación. “Nos sentimos olvidados”, lamenta Albert, quien reprocha que la consellera de Justicia no ha atendido nunca las reivindicaciones de los funcionarios ni tampoco se ha reunido con ellos, mientras también pone de relieve que, en los centros penitenciarios, apenas ha habido contagios y reivindica el comportamiento de los profesionales.

En cualquier caso, los funcionarios estallaron tras varios días “negros” en Brians 2, el centro penitenciario más grande de Cataluña -tiene capacidad para 1.867 internos (en total, todo el sistema penitenciario catalán tiene capacidad para 9.560 presos distribuidos en 13 cárceles)-. Además del asesinato, en el mismo día se registró una agresión a un funcionario y en días anteriores habían fallecido dos internos en extrañas circunstancias.

El asesinato, premeditado se produjo en el patio. En un auto, el juez que se hizo cargo del caso, relató que el asesino tomó por detrás a la víctima y le asestó hasta 29 cuchilladas por el cuerpo, lo que le provocó la muerte. El asesino alegó a los funcionarios de prisiones que había cometido el crimen porque la víctima era una “violador de niños”.

“Estos hechos no pueden ser etiquetados como algo que va en nuestro sueldo, no se pueden seguir permitiendo y manteniendo ratios de 1 funcionario por 33 internos”, lamenta CSIF. Lo cierto es que, según los datos de la Generalitat, la población reclusa en Cataluña ha ido disminuyendo en la última década -ha pasado de 10.520 en 2010 a 8.391 en 2019-. En paralelo, también se ha reducido la ratio entre personal de vigilancia y presos: ha pasado de 3,22 a 2,53, según datos de la Generalitat.