La Generalitat reclama competencias para imponer el teletrabajo en Cataluña

Todavía muchas incógnitas por delante en una semana clave para Cataluña. La Generalitat está valorando las medidas tomadas hace ahora 10 días para comprobar si han tenido efecto y han permitido bajar los contagios; de lo contrario, barajan ya medidas más drásticas. De momento, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha evitado hoy dar más detalles a la espera de que el Procicat (Plan de Protección Civil de Cataluña) decida en las próximas horas -previsiblemente, antes del viernes-, aunque hoy sí ha pedido al Gobierno que ceda competencias en materia laboral para poder imponer el teletrabajo.

Budó ha reconocido que la Generalitat “no tiene ahora la posibilidad de regular este ámbito" en empresas privadas porque no hay competencia. “Las reclamamos”, ha asegurado, después de que en las últimas horas el conseller de Trabajo, Chakir El Homrani, asegurara que sí que era obligatorio el teletrabajo tras la aprobación de una declaración del Consell de Relacions Laborals de Cataluña que “recuerda a las empresas la prioridad de hacer teletrabajo con el objetivo de limitar la movilidad de las personas”. “No es una norma laboral. No es una obligatoriedad laboral”, ha matizado, pese a que también ha pedido que se promueva el teletrabajo.

La patronal catalana, Foment del Treball, ha rechazado hoy que se imponga la obligatoriedad del teletrabajo y ha advertido que los empresarios ya han demostrado su compromiso con la lucha contra la pandemia y no pueden asumir “nuevas obligaciones” ni sanciones. La organización presidida por Josep Sánchez Llibre considera que el empresario debe tener margen de libertad “para tomar sus propias decisiones en función de sus necesidades y asegurar la productividad, eficiencia y competencia de sus servicios”.

Por su lado, UGT ha instado a las empresas a priorizar y promover el teletrabajo y ha pedido al Govern “que no añada más desconcierto” a los trabajadores sobre la obligatoriedad o no en esta cuestión. En este sentido, el sindicato ha pedido que las empresas cumplan con la resolución del Departamento de Salud del 15 de octubre y promuevan la medidas organizativas o técnicas que permitan limitar al máximo la movilidad de las personas trabajadoras, aplicando medidas como el teletrabajo o las reuniones telemáticas. UGT ha exigido también al Govern que no genere más desconcierto sobre si el teletrabajo es o no obligatorio, después de las contradicciones entre consellers.

Sobre la hipotética prolongación de cierre de bares y restaurantes, así como el resto de restricciones que entraron en vigor el pasado 16 de octubre y finalizan este sábado por la noche, Budó ha dicho que el Procicat decidirá antes del viernes qué medidas se prorrogan y cuáles no. “No hay ninguna medida descartada y a partir de aquí se esta trabajando en el ámbito del Procicat cuáles son las medidas más oportunas a aplicar. Se está escuchando a muchos expertos y cuando estén claras las medidas, se lo explicaremos y esta semana se deberán tomar decisiones”, ha asegurado.

Si bien, Budó también ha dejado entrever que hay cierta esperanza en no tener que optar por medidas drásticas ya que la Rt (velocidad de propagación), por ejemplo, ha retrocedido en las últimas horas y parece empezar a estabilizarse. No obstante, encima de la mesa está el cierre de escuelas; el confinamiento domiciliario durante 15 días o solo los fines de semana; o, confinamientos perimetrales.

Barça

Sobre la moción de censura en el Barça, Budó ha dicho que no hay ninguna medida sanitaria en vigor que impida que pueda celebrarse la votación entre el 1 y el 2 de noviembre. El presidente del club azulgrana, Josep Maria Barteomeu, dejó ayer la celebración del voto de censura en manos del Govern y tiene voluntad de tratar de retrasarlo hasta mediados de noviembre por la pandemia.

Aunque queda más lejos, Budó también ha dejado entrever que si la situación epidemiológica continúa agravándose durante los próximos meses y el 14-F pone en riesgo la salud de los ciudadanos, el Govern tiene intención de continuar gobernando y aplazar la cita electoral. Esta circunstancia ya se dio con las elecciones vascas y gallegas, que estaban prevista para celebrarse en abril y finalmente tuvieron lugar en julio.