El desafío independentista

Juicio a Òmnium Cultural por manipular una grabación de la Guardia Civil para un video

Su ex presidente y ahora preso independentista Jordi Cuixart está citado a declarar

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llega a trabajar en su empresa de Santa Perpètua de Mogoda. EFE/ Quique García
El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, llega a trabajar en su empresa de Santa Perpètua de Mogoda. EFE/ Quique GarcíaQuique GarcíaAgencia EFE

El juicio por la denuncia que un sargento de la Guardia Civil presentó por un vídeo que difundió la entidad independentista Òmnium Cultural, en el que aparecía su voz, y que estaba previsto para el lunes, se ha aplazado al jueves 12 de noviembre.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado de que el Juzgado de Primera Instancia 57 de Barcelona ha fijado la nueva fecha, y el juicio en el que el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, está citado como representante legal de la entidad empezará a las 9.30 horas.

Cabe recordar que Cuixart sigue en la cárcel, aunque con el régimen de tercer grado, con semilibertad y con permisos para salidas. Falta por ver si el Tribunal Supremo, el que condenó a los presos independentista en el juicio del “procés” revoca estas condiciones.

El sargento denunciante, que declaró como testigo en el Tribunal Supremo (TS) en el juicio al 1-O, reclama una indemnización por presuntos daños morales de 10.000 euros, y ha denunciado a Òmnium por una presunta vulneración de su derecho a la propia imagen al usar su voz en un vídeo propagandístico.

El agente que presentó la denuncia en 2019 afirmó durante el juicio en el Supremo haber visto banderas de Òmnium durante la concentración en la Via Laietana de Barcelona por los registros en la Conselleria de Acción Exterior el 20 de septiembre de 2017, aunque la bandera que definió como “una bandera de color verde, lleva alguna raya, con un palo”, no existe.

Tras esta declaración en el juicio, Òmnium publicó un vídeo irónico en las redes sociales utilizando la voz del agente, y el guardia civil presentó una demanda contra la entidad pidiendo 10.000 euros, ya que argumenta que utilizaron su voz para lucrarse.

Por su parte, la entidad presentó un recurso al Juzgado en el que pidió desestimar la demanda, al entender que fue “un acto más de libertad de expresión”, y sostuvo que la voz agente no se podía reconocer ya que no es una personalidad pública.