Cuando el independentismo también denunciaba fraude electoral como Donald Trump

Los partidos separatistas agitaron el fantasma del “pucherazo” ante el temor a perder la Generalitat en 2017

Manifestantes independentistas en Barcelona en octubre de 2019.Kike Rincón Europa Press

Las acusaciones de fraude electoral que está vertiendo Donald Trump tras las elecciones americanas también resonaron con fuerza en Cataluña en 2017. Entonces, el independentismo se encargó de agitar el fantasma del “pucherazo” ante el temor a perder la Generalitat en las elecciones del 21 de diciembre, posteriores a la fase trepidante del “procés” -después del 1-O y la declaración de independencia- y convocadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El independentismo, que había dilapidado la jornada del 1-O y se enredó en disputas internas con la declaración de independencia entre el 10 de octubre y el 27 de octubre, además de no poder contar con sus primeros espadas porque estaban en prisión o fugados en Bélgica y de tener a un constitucionalismo más movilizado que nunca -había exhibido músculo con varias multitudinarias manifestaciones en el centro de Barcelona-, albergaba serias dudas sobre la posibilidad de retener la mayoría en el Parlament y el poder en el Govern.

Ante este marco, tanto Esquerra como JxCat se alinearon en el discurso y apelaron a un “recuento paralelo” para evitar un “pucherazo”. Por ejemplo, los republicanos desplegaron a 14.000 apoderados en las 8.000 mesas de votación ante una convocatoria electoral que consideraron que carecía de las “garantías y certezas necesarias”. JxCat también hizo llamamientos a preparar con los interventores de todas las mesas un “escrutinio paralelo” para impedir cualquier “tentación de manipular el resultado”. La Asamblea Nacional Catalana, junto a los CDR, fueron más allá y directamente lanzaron una campaña bajo el lema “Tu votas, tú cuentas”: en este sentido, la entidad activó una aplicación informática con la que preveían ir recibiendo los datos que les enviaban los apoderados situados en cada una de las mesas electorales para ir validando los resultados.

Los independentistas, que tacharon en todo momento de ilegítimas las elecciones pese a que todos los partidos concurrieron, agitaron permanentemente la desconfianza sobre la limpieza del proceso electoral. No se dejaron ningún detalle al margen, estuvieron constantemente al acecho e incluso los “bulos" circularon con relativa facilidad por las redes sociales: por ejemplo, uno de ellos decía que se había registrado un aumento repentino del censo electoral para favorecer a los partidos constitucionalistas -cuando eso era imposible porque estaba cerrado bastantes meses antes-; o, también se levantaron sospechas por el uso de Indra como empresa proveedora del software para volcar los datos electorales del recuento.

Sin embargo, el desenlace fue distinto al de Trump. El independentismo logró vencer y los ecos de fraude electoral se fueron esfumando, aunque no del todo. De hecho, casi dos años después, el separatismo resucitó esta polémica para tratar de desacreditar la victoria de Ciudadanos. En un informe elaborado por el economista David Ros, publicado en “Revista de Catalunya” -que ha sido dirigida por Quim Torra- el 4 de marzo de 2019 y difundido entre los independentistas, se concluía que había habido “fraude electoral y obstaculización del voto” y, como consecuencia de ello, Ciudadanos obtuvo seis escaños más. Sin ese fraude, cuatro escaños corresponderían a las fuerzas independentistas y uno al PSC y otro al PP. Además, en porcentaje de voto, el independentismo habría rondado la mayoría: habría obtenido entre el 49,64 y el 50,22% de los votos.

El informe denunciaba fraude tanto en el voto presencial como en el voto exterior y por correo -según se recoge en el informe, en estos dos casos, “la cadena de custodia de la documentación se rompe y no se permite el acceso a su seguimiento continuo por parte de los interventores de los partidos políticos ni a los observadores internacionales”-. También denunciaba obstaculización al voto exterior, ya que bajó la participación un 12%.