Oposiciones

El Gobierno, por la puerta trasera y amparándose en la nocturnidad de la pandemia, está dispuesto a suprimir las oposiciones para la inspección educativa. Con ese fin prepara una reforma de la ley de educación que, de salir adelante, supondría la eliminación de las pruebas que hasta ahora regían para acceder al cuerpo de inspectores y serían las comunidades autónomas, con los criterios que cada una considerase, las que tendrían la potestad de nombrarlos.

Otra manera de tejer el clientelismo, que cuanto más a mano estén los hilos mejor se urde la tela. Otro escalón en el general retroceso en los métodos de elección y ascenso del personal de la administración pública. Lo cual lleva a suponer, y no hay que ser un malpensado, que lo que de nuevo se atisba en el horizonte son los nombramientos a dedo, la designación directa, el amiguismo y el enchufe, tan de otra época que parecían.

Pues las oposiciones, que descansan en el principio de igualdad de oportunidades, son, mientras no se demuestre lo contrario, si no el mejor, el menos malo de los sistemas hasta ahora practicados. En primer lugar, porque representan el único medio de acceso a un puesto en la administración, hoy tan codiciados, por parte de los que no cuentan con ningún otro apoyo, esto es, de las clases modestas, de los más desfavorecidos como dicen ahora los mismos que, llamándose progresistas, luego traman estas leyes. En segundo lugar, porque se valoran los conocimientos y los méritos y nada más, un campo neutral en el que nadie parte con ventaja.

¿Se extenderá también este nuevo método a la selección del profesorado? Es otra luz de alarma que se enciende, y también, qué casualidad, en el terreno de la enseñanza, tan abonado siempre a reformas y experimentos, y con leyes y contraleyes que duran lo que una legislatura, y algunas ni siquiera eso.