Colau fía ahora la construcción de vivienda pública a entidades sociales

A punto de llegar al ecuador de su segundo mandato, a la alcaldesa de Barcelona no le salen las cuentas en materia de vivienda. Y empiezan a entrarle las prisas. Para intentar salir del atolladero, la última idea del Ayuntamiento pasa por fiar la construcción de mil viviendas a entidades sociales. Para ello, Barcelona cederá doce solares y tres edificios para rehabilitación con la intención de que más de 400 pisos estén listos en 2024.

Según la concejal de Vivienda, Lucía Martín, el convenio quiere “ser una semilla” para promover la colaboración entre el consistorio y las entidades sociales en la construcción de pisos protegidos. Y amparará tanto la construcción de viviendas nuevas (en solares cedidos por el Ayuntamiento a las entidades), como la rehabilitación de pisos públicos ya existentes.

“Si queremos multiplicar el parque de alquiler por 10 o por 20 en los próximos años, lo tenemos que hacer sí o sí de la mano del tejido de promotores sociales”, ha avisado la concejala de Vivienda. En este sentido, Lucía Martín también ha anunciado su intención de crear un operador municipal en colaboración con las entidades sociales para que este tipo de promociones complementen la construcción pública de vivienda.

El convenio, que garantiza la titularidad pública del suelo, establece que estos mil pisos serán destinados en un 60 % a alquiler, impulsados por fundaciones y cooperativas de alquiler, y un 40 % a cesión de uso en régimen cooperativo. En concreto, con la firma de este lunes, el consistorio aporta doce solares (en Gracia, Sant Martí, Sants-Montjuïc y Sarrià - Sant Gervasi) y tres edificios (en Ciutat Vella).

La oferta de covivienda que persigue el Ayuntamiento ya se ha concretado en algunos proyectos en la ciudad. El primer edificio promovido por una entidad social en un solar cedido por el Ayuntamiento es en el barrio de la Bordeta. También hay otros, como el del proyecto Cireres (en el barrio de Roquetes), que se convertirá en el edificio de madera más alto de todo el estado. Cuando esté listo, tendrá ocho plantas (planta baja más siete plantas), en las que se combinará la vivienda para 32 unidades familiares con espacios comunitarios, donde los socios de la cooperativa Sostre Cívic tendrán, por ejemplo, espacios multifuncionales o lavadoras y tendederos para hacer la colada. En este caso, la cuota inicial rondará entre los 20.000 y los 30.000 euros (reembolsables cuando los socios se marchen del edificio) y las mensualidades oscilarán entre los 500 y los 700 euros, servicios incluidos.

Mediante este convenio serán las entidades más representativas del sector de la vivienda social y cooperativo las que propongan los proyectos a desarrollar, con un seguimiento y control conjunto con el ayuntamiento. El convenio fija también que las plantas bajas puedan ser ocupadas por equipamientos municipales. El convenio establece dos secciones, una para covivienda y la otra para alquiler, para recibir los proyectos y proponerlos a una comisión integrada por el ayuntamiento y GHS, que será la encargada de validarlas. Los miembros designados por la Asociación Gestores de la Vivienda Social en esta comisión no podrán ser parte interesada en la adjudicación que se trate, y la asignación de solar o edificio final se hará siempre por parte del ayuntamiento.