Insurrección democrática y referéndum antes de 2025, el nuevo desafío de la CUP

En su propuesta política apelan a llevar “el conflicto a una dinámica de colapso para llegar a una posición de fuerza por encima de la del Estado”. Exigen la amnistía para todos los encausados

El diputado de la CUP Carles Riera en el Parlament
El diputado de la CUP Carles Riera en el Parlament DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

La CUP ha hecho pública esta tarde su propuesta política de cara a la próxima legislatura con el punto de vista puesto en los comicios del 14 de febrero. Una suerte de hoja de ruta de los antisistema que ahonda en el “desafío” contra el Estado basado en una “desobediencia civil” e “institucional” permanente para llegar a una “insurrección democrática” en Cataluña. “Esta insurrección democrática se puede traducir en una huelga general, un nuevo referéndum de autodeterminación o un acto institucional de unilateralidad”, señala en el documento.

“De facto deberá ser una concatenación de todas las formas posibles que lleven el conflicto a una dinámica de colapso para llegar a una posición de fuerza por encima la del Estado”, advierten los antisistema en su renovado proyecto político aprobado este viernes.

Y es que la CUP vaticina que un referéndum para resolver el conflicto solo puede ser posible por dos vías: una negociación con el Estado que incluya el reconocimiento de Cataluña como nación, el derecho a la autodeterminación y permitir un referéndum; o bien ejercer la autodeterminación “mediante una ruptura democrática unilateral, que propicie el escenario resolutivo internacional incluyendo el referéndum, forzando al Estado español a tenerlo que asumir”.

Bajo este marco, el “momentum” de la CUP para reactivar el “procés”, la formación lanza varias propuestas y compromisos concretos de cara al 14-F: celebrar un referéndum de autodeterminación antes de 2025 como un nuevo “elemento conflictivo con el Estado español”, que sitúe en el centro del tablero el mecanismo “para resolver el conflicto nacional”; animar a la objeción fiscal; “movilización y desobediencia civil organizadas en la lucha por el control, temporal o continuado, de las infraestructuras estratégicas y del territorio”; y la defensa de la amnistía para “todas aquellas personas que hayan sido procesadas, juzgadas, detenidas o encarceladas” en “los últimos diez años de procés”, entre otras exigencias.

La propuesta política de la CUP entiende que el Estado “no facilitará una salida democrática al conflicto” y que desplegará “toda la represión que sea necesaria”, por lo que defiende que la única vía para poder ejercer “la soberanía en todos los ámbitos” es la tesis “del conflicto como motor de cambio”.

La formación anticapitalista también plantea en su propuesta política una “desconexión, no colaboración y boicot” a aquellas empresas del Ibex-35 “que participaron en el boicot al 1-O”. En materia socioeconómica, la CUP apuesta por una renta básica universal y por establecer una “renta máxima”, así como por instaurar un salario mínimo de 1.200 euros mensuales y situar el parque público de vivienda en el 12% del total, entre otras medidas.