La vivienda compartida se extiende más allá de la juventud como solución “forzada”

La vivienda en las grandes ciudades sigue siendo una de las asignaturas pendientes. Aún no está claro la influencia que va a tener la pandemia sobre el mercado inmobiliario pero la economía y el empleo ya lo están sufriendo. El punto de partida, sin embargo, no es nada halagüeño. Según un reciente estudio de la Universidad Rovira i Virgili el incremento de los precios de alquiler en los últimos años han empujado a muchas personas y familias a compartir piso o alquilar una habitación como espacio para vivir. De este modo, la vivienda compartida ha dejado de ser una modalidad básicamente dirigida a estudiantes y jóvenes, por lo que la Síndica de Greuges (defensora del pueblo) de Barcelona, Maria Assumpció Vilà Planas, ha alertado de un posible “sinhogarismo oculto”

La institución alerta de esta situación y afirma que la imposibilidad de disponer de una vivienda digna a un precio razonable tiene unos efectos psico-sociales “más profundos”, ya que impide la realización de otros aspectos, como la independencia personal, la formación, el acceso al trabajo o el acceso a la cultura. De hecho, los expertos y profesionales constatan que las dificultades para acceder a una vivienda estable aumentan el riesgo de pobreza y exclusión social.

El estudio constata la falta de estadísticas oficiales sobre la realidad de las viviendas compartidas. La falta de datos tiene “especial énfasis” en el caso del “sinhogarismo oculto”, una situación propia de personas mal alojadas que residen en “viviendas inadecuadas” o “inseguros”.

En Barcelona, una familia con remuneraciones de cerca de 26.000 euros anuales debía destinar 41,2% de las asignaciones a pagar un alquiler medio en 2018. En el caso de hogares con un salario de 36.000 euros aproximadamente, la cuota destinada a la renta se reducía al 30%. De acuerdo con estos datos, el Observatorio Metropolitano de la Vivienda concluía que los hogares que viven de alquiler son las que tienen que destinar un porcentaje más elevado de sus ingresos a las rentas, en concreto, un 43,5%.

De hecho, según los portales inmobiliarios, Barcelona es el municipio del Estado con un alquiler más caro desde 2015. A esta situación se suma el crecimiento urbano, el contexto de alto desempleo y sueldos bajos y la “falta” de una política de cohesión territorial a medio y largo plazo.

En cualquier caso, la síndica ha reclamado planificar y priorizar presupuestariamente las políticas sociales de vivienda a través del Consorcio de Vivienda de Barcelona. Asimismo, ha criticado que la Ley del derecho a la vivienda, aprobada hace diez años, no haya aportado “ninguna solución” a la dificultad de la ciudadanía de Barcelona para acceder a una vivienda digna.