Núria Marín, la presidenta socialista de la Diputación de Barcelona, investigada por un caso de corrupción

La alcaldesa de L’Hospitalet y presidenta de la diputación de Barcelona, Núria Marín, está imputada por un presunto caso de corrupción en el Consell Esportiu de la localidad tras declarar esta mañana ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. Marín, que también es presidenta del PSC, está investigada por prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir un delito en la causa, que está abierta desde febrero y que instruye el juzgado de instrucción 2 de L’Hospitalet.

El caso nació a raíz de una denuncia de un concejal del PSC (Jaume Graells). Sin embargo, no cogió notoriedad hasta junio, cuando otros dos concejales socialistas (Cristóbal Plaza y Cristián Alcázar) y el director del Consell Esportiu (Eduard Galí) fueron detenidos. La causa indaga una presunta trama de desvío de subvenciones públicas al Consell Esportiu, que, pese a ser una entidad privada, percibe ayudas del Ayuntamiento –principalmente- y de la Generalitat.

La causa acumula trece detenidos por delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Tanto a los dos concejales del PSC como al secretario general de Deportes de la Generalitat, Gerard Figueras, también se les atribuye el delito de pertenencia a organización criminal. En el caso de Figueras, se investiga si ignoró la supuesta doble realidad contable del Consell Esportiu de L’Hospitalet y concedió subvenciones sin el control administrativo exigido por la ley.

Los investigadores tratan de aclarar si el Consell Esportiu de L’Hospitalet destinó a fines particulares algunas de las ayudas públicas que recibe, y justificó las subvenciones concedidas mediante documentación falsa. Los miembros de la trama supuestamente ocultaron 400.000 euros a la asamblea del Consell Esportiu -donde el ayuntamiento tiene a cinco representantes- en sus cuentas de 2019, al presentar una presunta doble realidad contable con 900.000 euros. Al validar supuestamente sin control la realidad contable de estos 900.000 euros en la asamblea, la UDEF sospecha que se posibilitó la concesión de subvenciones públicas por mayor importe que las que habrían correspondido en 2019, en concreto 114.000 euros por parte del Consejo Catalán del Deporte y 250.000 por el consistorio de L’Hospitalet.

Marín es alcaldesa de L’Hospitalet desde 2008, cuando sucedió en el cargo a Celestino Corbacho -que pasó a ser Ministro de Trabajo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero-, es presidenta de la Diputación de Barcelona y es presidenta del PSC desde 2019. Buena muestra de la fortaleza que ha adquirido Marín es que en las pasadas elecciones de mayo de 2019 logró la mayoría absoluta en la segunda ciudad más importante de Cataluña por número de habitantes.

La alcaldesa, hasta ahora, había eludido dar explicaciones sobre este caso ni tomar decisiones -cesar a los concejales implicados- a la espera del desarrollo de la investigación judicial. Esta tarde ha comparecido y ha rechazado dimitir -también ha rechazado cesar a los dos concejales- porque considera que “no hay motivos”. Marín ha explicado que la declaración ante la UDEF se ha basado en “preguntas muy técnicas” y ha desvelado que el pasado 3 de febrero mantuvo una conversación con Graells -quien ha denunciado el caso- en la que ya le trasladó que conocía diferentes hechos alrededor de la entidad que él calificaba de irregularidades.

Tras ello, Marín puso esta información en conocimiento de la secretaría general del ayuntamiento y pidió comprobar “toda la relación entre el ayuntamiento y el Consell”, además de citar a los dos concejales que estaban presuntamente implicados en el caso. Ante “las reacciones y versiones contradictorias que manifestaron”, optó por pedir al propio Consell Esportiu que realizara una auditoría completa para detectar si había alguna mala praxis en la entidad -se pidió el 25 de febrero, pero se paralizó por el confinamiento-, según ha explicado esta tarde.

El PSC, partido que preside Marín -Miquel Iceta es primer secretario-, ha mostrado su “total confianza” en la alcaldesa de L’Hospitalet y ha pedido “respetar la presunción de inocencia de todos los implicados”. “Máxima colaboración con la justicia para aclarar los hechos lo más pronto posible”, han expresado los socialistas en un tweet.

La oposición se ha lanzado de inmediato a la carga contra la alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat. Esquerra, por ejemplo, ha pedido ya la dimisión de Marín. Los republicanos han asegurado que la Diputación de Barcelona, tercera institución más importante de Cataluña, “debe estar limpia” y se han dirigido a JxCat para que rompan el pacto que tienen con el PSC y que tanto revuelo generó cuando se selló tras las elecciones municipales del año pasado. “¿Qué piensan hacer los socios de Marín en la Diputación, JxCat?”, se ha preguntado el portavoz de ERC en la Diputación, Dionís Guiteras. Además, ha planteado abrir una ronda de contactos con el resto de grupos para darle la vuelta a la situación.

También Ciudadanos ha cargado contra el PSC. El candidato naranja a la Generalitat, Carlos Carrizosa, ha asegurado que este caso deja al PSC “inhabilitado” para el escenario postelectoral. “La corrupción no es solo patrimonio del separatismo: el bipartidismo lleva décadas lucrándose con dinero de todos. Núria Marín es presidenta de los socialistas catalanes. El PSC está inhabilitado para abrir una nueva etapa de convivencia y regeneración”, ha afirmado Carrizosa.