La nave de Badalona llevaba 12 años okupada y sin denuncia

«Se veía venir». Vecinos, afectados y dirigentes de Badalona coincidían el jueves en un mismo diagnóstico: la situación de la nave okupada en la que malvivían hasta 150 inmigrantes subsaharianos era insostenible. El drama ocurrido, con un incendio que se ha cobrado tres víctimas mortales y 25 heridos de distinta consideración, ha destapado las malas condiciones en las que vivían sus residentes y el vacío legal existente al respecto. Ayer, nuevas informaciones evidenciaron el problema: la empresa propietaria de la planta industrial no denunció la okupación pese a conocerla desde 2008 y su intento de desalojo pactado fracasó. Sobre el terreno, Bomberos y Mossos siguen con la investigación y con el derribo controlado del espacio.

En un comunicado remitido ayer a los medios por sus abogados, la propiedad de la nave explicó que «conocía a algunas de las personas que entraron sin consentimiento» –subsaharianos que subsistían «como podían» de la chatarra y el top manta– y, «preocupados por la situación», contactó con ellos, quienes les dijeron que permanecerían allí de forma provisional mientras no encontraran un lugar mejor donde vivir.

No obstante, los inquilinos «hacían saltar la alarma continuamente», hicieron agujeros en la pared y «no había medios efectivos para impedir la entrada», por lo que la propiedad se dirigió a los Mossos d’Esquadra, que les dijeron que la única opción era «denunciar esta situación penalmente». La empresa, sin embargo, desistió hacerlo «después de muchas dudas» por «una cuestión de humanidad y para no empeorar aún más» la situación de los ocupantes, y temía que los mismos volverían a ocuparlo una vez desalojados.

El comunicado no identifica a los propietarios de la finca y asegura que pertenece a una «empresa con diferentes inversores» que, según fuentes cercanas a la misma recogidas por Efe, estaría vinculada a dos exjugadores de los equipos de baloncesto Joventut y FC Barcelona, Antonio Medianero y Xavi Fernández, respectivamente, quienes compraron la nave en 2009 a través de una sociedad inmobiliaria.

A esta permisividad por parte de la empresa propietaria se le añade el tema de la gestión política. El alcalde de la localidad, Xavier García Albiol (PP) reclama competencias municipales para poder intervenir en materia de okupación ilegal y defiende su actuación desde que cogió la vara de mando de la ciudad, justo antes de verano. «Desde junio hemos impulsado hasta 25 actuaciones» en los alrededores de la nave, la última la misma tarde del incendio, poco antes de que el fuego quemara con virulencia en el interior de los dos edificios que conforman la planta. Controles que se pactaron tras una reunión organizada por el Consistorio de los vecinos con Servicios Sociales y representantes de Guardia Urbana, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil. «O a los ayuntamientos se nos da capacidad para actuar o lo que ha pasado en la nave de la calle Guifré mañana volverá a pasar», advirtió el dirigente popular acompañado del líder del PP, Pablo Casado, quien volvió a ofrecer al Gobierno pactos de Estado sobre inmigración y contra la ocupación ilegal.

Expediente y carta al juez

«La vulnerabilidad no puede legitimar una ocupación ilegal, porque una ocupación ilegal puede terminar como la nave hace 48 horas. Se nos deben dar instrumentos para poder actuar, para evitar lo que ha acabado pasando», reiteró Albiol insistiendo en la necesidad de poder tener competencias para intervenir. «Hay que tomar conciencia de que se tienen que tomar medidas y posibilitar a los ayuntamientos que actuemos cuando tenemos constancia de situaciones como las que hemos vivido».

En este sentido, Albiol explicó ayer que, pese a la okupación de la nave en 2008, la convivencia entre sus residentes y los vecinos de la zona no había presentado «ningún problema» hasta 2016, cuando un grupo de inquilinos tomaron el mando de la planta industrial. Bajo este contexto, el alcalde popular rechazó las acusaciones de inacción por parte de las entidades sociales, apuntó a los anteriores equipos de gobierno y explicó que, en junio –un mes después de acceder a la Alcaldía– incoó un expediente «para restablecer la legalidad de la nave». Tras recibir los pertinentes informes técnicos, el Ayuntamiento inició el 11 de noviembre un trámite de urgencia para «restablecer la legalidad», y en este sentido apuntó que la nave tenía un uso industrial y no estaba permitido su uso como vivienda. Además, en octubre pasado pidió al juzgado que autorizara la entrada municipal en la nave para resolver problemas de convivencia y salubridad.

No obstante, según precisó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en un comunicado, la nota de Albiol fue una «carta personal» remitida al decano de los juzgados de Badalona, con un carácter «extrajudicial». Desde el tribunal matizaron también que ni los juzgados de Badalona ni los provinciales habían recibido ninguna denuncia sobre el caso.