Este viernes es el día D. A las 12 horas y en el Parlament, arranca la reunión decisiva entre el Govern y los grupos parlamentarios sobre el aplazamiento de las elecciones catalanas del 14 de febrero y las posiciones están muy alejadas. En el seno del gobierno catalán hay diferencias entre Esquerra (prefiere llevarlas a mayo) y JxCat (prefiere celebrarlas en cuanto la pandemia lo permita). Pero también la oposición se ha ido pronunciando y prevé hacerlo este viernes: en concreto, el PSC tiene previsto acudir a la reunión con una propuesta bajo el brazo que pasa por retrasar las elecciones a marzo para celebrarlas antes de Semana Santa –este año es del 28 de marzo al 4 de abril–.

Según confirmaron desde el PSC, el partido de Miquel Iceta tiene el objetivo de hacer una propuesta que genere el máximo consenso posible y se muestra contrario a situar mayo como horizonte temporal ya que «no parece razonable» porque, con tanto margen, los datos epidemiológicos «se pueden volver a complicar». Es decir, el riesgo que detecta el PSC está en que una vez superada la tercera ola del coronavirus, llegue la cuarta e impida de nuevo las elecciones.

Pere Aragonés se presentará en la reunión con un dictamen jurídico para avalar el aplazamiento motivado por la crisis sanitaria y por las malas previsiones de la pandemia para el 14-F. La conselleria de Salud ha proyectado dos escenarios y ambos son malos porque las UCIs –hay 900 en Cataluña– estarían más llenas que en el pico de la segunda ola: en el primero, se prevé llegar al 14-F con 3.000 casos diarios y 620 pacientes en UCI; en el segundo, con 4.000 casos diarios y 750 pacientes en UCI.

El día de hoy jueves ha empezado con unas duras declaraciones del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que ha avisado de que la suspensión no está contemplada en la ley electoral general. El ministro ha afirmado que la decisión de aplazamiento sería «grave para la democracia» y que celebrar las elecciones en la fecha prevista seria «una muestra de normalidad». El Govern de la Generalitat ha reaccionado afirmando que tienen capacidad jurídica y que no hay impedimento legal para posponer la cita electoral.

Los servicios jurídicos de la Generalitat están trabajando en el informe que se sustenta en uno previo de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat –órgano consultivo similar al Consejo de Estado–, que abogaba por hacer compatible el derecho a la salud y la cita electoral, dejando la puerta abierta a un aplazamiento «en caso de la insuficiencia de las medidas adoptadas». Por tanto, el dictamen jurídico que presente la Generalitat debe estar motivado y con «la afectación mínima imprescindible de la periodicidad de las elecciones». Es decir, el aplazamiento no puede ser eterno.

El Govern, mejor dicho, Esquerra Republicana, aboga por un retraso de tres meses y celebrarlos en el mes de mayo en una fecha sin determinar, aunque ante los días festivos del 1 y 2 de mayo que caen en fin de semana, la fecha podría oscilar al 16 o el 23 de este mes. Junts per Catalunya, que fue la primera en amagar con el aplazamiento electoral –lo hicieron la portavoz Meritxell Budó y el consejero de Interior, Miquel Sàmper–, ahora parece que está muy interesada en que se celebren los comicios el 14 de febrero. Ayer Laura Borràs afirmó que «países como Portugal tienen un confinamiento más severo que Catalunya y celebrarán elecciones», y Joan Canadell, presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, que se presenta por esta formación, lanzó un tuit que dejaba muy evidente su posición: «Si no hacemos elecciones el 14F, pero al mismo tiempo Madrid tiene restaurantes abiertos y hacen vida normal, tendremos que pensar muy bien qué derechos priorizamos como país». Aunque para aumentar la incógnita, el tuit fue borrado. En JxCat defienden que las elecciones se puedan celebrar el 14-F si las circunstancias sanitarias lo permiten, pero se muestran en contra de fijar plazos como Esquerra y, en caso de aplazamiento, optan por reubicar las elecciones en el momento que la pandemia dé un respiro.

Los únicos partidos que se han mostrado partidarios de aplazar las elecciones son Ciudadanos, los Comunes de Ada Colau y la CUP. Alejandro Fernández, el líder del PP catalán, afirmó en declaraciones a este diario que no tiene intención de oponerse, pero opta por esperar. Los populares ven al Govern con la decisión tomada y consideran que no aceptarán «ir a marzo con peores cifras», como piden los socialistas.

Aunque no haya acuerdo entre los grupos parlamentarios, se antoja difícil de que si la propuesta del Govern está bien armada jurídicamente, algún partido la recurra ante la Junta Electoral. De hecho, el candidato Salvador Illa ha dicho que no introducirá ningún matiz en la decisión del Govern, al que le corresponde proponer el aplazamiento. Se da la paradoja que los partidos más partidarios del aplazamiento electoral son los que tienen peores expectativas, mientras que los más arropados por las encuestas tienen una posición más laxa. Todos los partidos consultados consideran que la Junta Electoral no pondrá trabas a la decisión del Govern.