El TSJC condena al conseller de Exteriores Bernat Solé por el referéndum ilegal del 1-O

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado a un año de inhabilitación y a una multa de 16.800 euros al conseller de Exteriores de la Generalitat, Bernat Solé, por un delito de desobediencia grave al permitir la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre. Según la resolución dictada por la Sala Civil y Penal, ha quedado acreditado que Solé, que en aquel entonces era alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado en el Parlament, incumplió a sabiendas las advertencias y pronunciamientos del Tribunal Constitucional.

“El acusado conoció, mediante la notificación personal de que fue objeto ―también mediante la publicación en el BOE―, lo que el TC le ordenaba y le prohibía hacer en relación con la votación del día 1 octubre 2017 en el término municipal de Agramunt. También conocía el efecto vinculante de dicho requerimiento y las eventuales consecuencias penales derivadas de su incumplimiento”, afirma la resolución, que condena al conseller que, precisamente, tiene las competencias de procesos electorales y lidera la organización de las elecciones catalanas.

El fallo implica a Solé en la organización del 1-O de múltiples maneras: así, según queda recogido, permitió el uso de un local el 25 de septiembre para promover la participación en el referéndum ilegal y, además, participó en ese acto como orador “para alentar públicamente a los oyentes a ir a votar el día 1 octubre 2017”. Ya durante la propia jornada del 1-O, la resolución señala que el actual conseller de Exteriores “tuvo una participación activa y decidida en su desarrollo y buen fin”, personándose desde el primer momento en el centro de votación y asumiendo de forma intermitente responsabilidades logísticas, de apoyo y de asistencia a los organizadores, tales como “procurarles puntualmente las noticias autorizadas que le llegaban a él desde otros ayuntamientos vecinos sobre la actuación en la comarca del Urgell de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dirigida al cumplimiento de la orden de la autoridad judicial de impedir la votación prohibida por el TC, y colaborando decisivamente en la toma decisiones capitales, tales como la de esconder en lugar seguro las urnas con los votos depositados en su interior y la documentación comprometedora relacionada con la votación (actas) o, finalmente, la de adelantar la hora de cierre de la votación, ante la posibilidad de que se personaran en la localidad las citadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir el mandato judicial de impedirla”.

El juicio oral se celebró el 14 diciembre de 2020 como consecuencia de un procedimiento por querella interpuesta en 12 febrero de 2019 por el Fiscal Superior de Cataluña. Lo cierto es que Solé tiene margen para recurrir ante el Tribunal Supremo y, por tanto, la inhabilitación no será de aplicación inmediata. El Govern está en funciones desde septiembre y Cataluña tiene en el horizonte celebrar elecciones entre el 14 de febrero y el 30 de mayo, en función de lo que decida el TSJC en las próximas horas.