La pandemia: ¿una oportunidad para la Administración de Justicia?

En la tercera ola de la pandemia, los Gobiernos central y autonómicos se hallan lógicamente ocupados en prevenir los estragos que causa, sobre todo para evitar que la sobresaturación del sistema sanitario acreciente la factura en vidas humanas que ya ocasiona la enfermedad por sí misma.

Las consecuencias económicas de la situación, todos lo sabemos, son muy graves. Las restricciones adoptadas (cierre de actividades económicas diversas) y la legislación que se ha ido aprobando (prohibición de despidos, suspensión de desahucios, limitación de las rentas de los alquileres…), así como ciertas responsabilidades por la gestión de la crisis que probablemente sean exigidas, comportarán a medio y largo plazo un elevado número de litigios que la Administración de Justicia (AJ) incorporará a su ya colapsado sistema.

Los usuarios de la AJ señalan como uno de sus puntos más débiles, precisamente, la agilidad y su eficiencia. Ni la formación de los jueces españoles, una de las mejores de Europa, ni la pretendida politización de los jueces, visualizada en su máximo órgano de gobierno o en los pocos asuntos que llevan los altos tribunales, ni la corrupción, escasísima en la AJ, constituyen, en realidad, el principal problema de la AJ. Es la lentitud de los procedimientos y de la ejecución de lo resuelto por los jueces lo que hace que el sistema sea manifiestamente mejorable. Si la respuesta judicial no es pronta no solo sufren los derechos individuales de los ciudadanos, sino también los colectivos porque si el amparo judicial llega tarde este retraso es aprovechado por quien maneja los resortes del poder, sea político o económico, para imponer su posición.

Para ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia, la Unión Europea ha acordado un plan de recuperación que pretende liderar el camino hacia la salida de la crisis y sentar las bases para una Europa moderna y más sostenible.

Este paquete de ayudas supone en el caso de España 140.000 millones de euros que han de servir para financiar proyectos en el ámbito de la digitalización, reindustrialización y transición ecológica.

Entre estos proyectos el Gobierno de España incluye la modernización de la Administración. En este momento, una de las administraciones más necesitadas en el ámbito de la digitalización es la AJ. Parte de estos fondos podrían aplicarse pues a renovar los sistemas informáticos de la AJ, sean los del llamado territorio Ministerio, sean los equipamientos gestionados por las CCAA con competencias transferidas, como es el caso de Cataluña.

En nuestra CCAA el expediente digital se halla activado en algunas jurisdicciones pero no en la penal ni en muchos órganos colegiados. La pandemia ha visibilizado la necesidad de trabajar en forma telemática para lo cual sería preciso extender los equipamientos a todos los trabajadores de la justicia.

La tardanza en la implantación por las restricciones presupuestarias habituales hace que los sistemas operativos queden enseguida obsoletos y, en consecuencia, se obtenga un menor rendimiento. Además, cada CCAA con competencias transferidas tiene su propio sistema que no se interconecta. El buen funcionamiento de la AJ de un país es uno de los factores clave para atraer inversiones y, en consecuencia, riqueza. Por no hablar de los millones de euros retenidos en las cuentas de depósito judiciales que podrían liberarse e incorporarse a la economía productiva.

La UE espera que los Estados miembros presenten los planes para invertir las ayudas y modificar su economía en los primeros meses del presente año. Sería bueno que el Gobierno del Estado y el de la Generalitat de Catalunya, que cuenta con competencias en medios materiales de la AJ, no obviasen en esta ocasión la presentación de un plan específico de digitalización global y definitivo que transforme la AJ en una Administración del siglo XXI.

La situación ofrece una gran oportunidad para cambiar el estado de cosas actual afrontando el reto de incrementar la eficiencia de la AJ. Si es que de verdad se quiere una Justicia que funcione.

María Eugenia Alegret Burgués es Magistrada y expresidenta del TSJC