El TSJC despeja el camino del 14-F

Camino despejado hacia el 14 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tumbó ayer el decreto de aplazamiento de las elecciones al 30 de mayo aprobado por el Govern y deja ahora a los partidos frente a frente y sin escapatoria hasta la jornada de las urnas, salvo que el ejecutivo catalán imprima un último giro de guion y, amparado en las circunstancias sanitarias, se atreva a retrasar de nuevo las urnas.

Un escenario que, en cualquier caso, se antoja prácticamente imposible porque el propio Govern lo ha enfriado desde el primer momento –pese a que tiene sobre la mesa convocar una mesa de partidos, también ha asegurado que va a leer la sentencia (se publicará el lunes), pero no tiene intención de añadir más «incertidumbre»– y por los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que también apuesta por el 14-F y ha desmontado en su escrito los informes sanitarios aportados por la Generalitat. El Ministerio Público aduce que la actual situación epidemiológica, tal y como consta en los documentos, es la misma que «preexistía» a la convocatoria de las elecciones. «Lo único novedoso acontecido es que ha habido un significativo incremento del número de contagios propio de la alta variabilidad de la pandemia», señala. Asimismo, apunta que el aplazamiento no tiene amparo legal –incumple tanto el Estatut como la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg)– y podría afectar al derecho fundamental de sufragio activo y pasivo. Asimismo, rechaza equiparar la situación catalana con la gallega y vasca, autonomías que sí pudieron suspender las elecciones porque lo permitía el marco legal establecido por el Estado de alarma al colisionar la normativa electoral –exige una movilización de personas– y el «marco imperativo de restricción».

Más allá del enredo y revés jurídico infligido al Govern por la fecha electoral, que también se ha convertido en una fuente de polémica y disputa entre rivales políticos –Pere Aragonès acusó al PSOE de estar detrás de los jueces del TSJC para imponer el 14-F–, los partidos ya daban por hecho que las elecciones se celebrarían el 14-F y han iniciado la campaña electoral con fuerza. Buena prueba de ello es la irrupción en campaña de los presos, perfectamente calculada por el separatismo: el Govern ha medido los tiempos para que consiguieran el tercer grado coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, buscando un golpe de efecto y apelar a las emociones de los votantes. La salida de los presos beneficia, sobre todo, a Esquerra, que tiene una hiperdependencia del liderazgo de Oriol Junqueras, es su principal activo y su presencia puede darle un empujón a los republicanos en su lucha por la victoria contra el PSC.

Junqueras conserva una gran capacidad de arrastre en el independentismo y también ha señalado el discurso a seguir desde su salida: ataques a Salvador Illa y arrinconar a JxCat. ¿El objetivo? Evitar el desgaste que supone el enfrentamiento con el partido de Laura Borràs y erigirse en el voto útil del independentismo para vencer al constitucionalismo.

Si bien, tal y como la salida de prisión de los líderes del 1-O refuerza a ERC, también es cierto que, un encarcelamiento en medio de la campaña –escenario remoto–, podría beneficiar a JxCat y su beligerancia frente al Estado y condenaría a Esquerra, partido que ha apostado por el diálogo. También perjudicaría ese escenario a Illa y el PSC, que trata de desplazar el foco del «procés» a la gestión económica y social del día a día, en el segundo plano durante la última década.

Del bando constitucionalista, más «procés» alimentaría el discurso duro de Vox contra el independentismo y frenaría el avance del PP, que también ha virado en su estrategia y trata de centrarse en aspectos más económicos y sociales.