Òmnium exige al Gobierno la amnistía para 3.300 independentistas

Òmnium, que se ha hecho con la bandera de la Ley de amnistía, inició una campaña el 11 de septiembre (en la Diada) para contabilizar y denunciar los procesos judiciales abiertos contra todo el independentismo por el “procés”. La entidad cultural independentista ha hecho hoy una actualización de ese recuento, que asciende a 3.301 personas bajo investigación judicial y 115 causas abiertas desde 2017, y su presidente Jordi Cuixart ha exigido una amnistía generalizada y ha advertido al Estado con reeditar todas las acciones que han conducido al independentismo a los tribunales pese a las consecuencias.

“La respuesta no puede ser otra que lo volveremos a hacer. Seguiremos ejerciendo los derechos fundamentales”, ha avisado Cuixart, condenado a nueve años de prisión por un delito de sedición y ahora en régimen de tercer grado. Cuixart se ha mostrado muy crítico con el Gobierno de PSOE y Podemos, al que ha acusado de ser “negligente en sus funciones para resolver el conflicto político”. A su juicio, la Moncloa tiene margen para aplicar medidas que ayuden a “desescalar” la crisis política, como dar la orden al Ministerio de Interior que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado dejen de actuar “bajo consignas políticas”, en referencia a las investigaciones sobre dirigentes o activistas independentistas.

“Llevo más tiempo en prisión con Sánchez que con Rajoy. Es una obviedad, una evidencia. El Gobierno del PSOE ha cambiado las buenas palabras por la hostilidad verbal”, ha asegurado Cuixart, que ha rechazado las soluciones parciales que prevé el Gobierno, como la reforma del Código Penal o los indultos, que solo beneficiarían a los nueve presos independentistas, pero dejaría en la estacada al resto de encausados. La amnistía permitiría eximir de todas las responsabilidades penales a todos los independentistas.

Cuixart, en un acto celebrado en el centro cívico de las Cotxeres de Sants (Barcelona), ha cargado contra la segunda ola de “juicios políticos” que se cierne sobre los independentistas. Entre ellos, el próximo martes comienza el juicio contra la sindicatura electoral nombrada para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Los cinco síndicos serán juzgados por un presunto delito de desobediencia y de usurpación de funciones y se enfrentan a una condena de dos años y nueve meses de prisión.

Òmnium, con un papel muy influyente sobre el independentismo -avalado, entre otras cosas, por la autoridad que se ha granjeado Cuixart y los 183.000 socios que tiene-, reclama un gobierno soberanista y confía en que el desenlace de las negociaciones sea exitoso. De momento, las conversaciones entre los partidos se hallan algo estancadas y están yendo mucho más lentas de lo previsto. La complejidad de la negociación con cuatro actores y múltiples presiones por medio tampoco allanan el camino.

La amnistía se encuentra en el centro del tablero político catalán y Òmnium se ha convertido en su principal impulsor. La diferencia entre el indulto y la amnistía es que el primero solo beneficiaría a los nueve presos ya condenados y, en función de su alcance, solo les eximiría de la pena de prisión, pero no de inhabilitación, mientras que la segunda beneficiaría a todos aquellos que han cometidos delitos relacionados con el “procés”. Entre los más de 3.000 encausados, hay, sobre todo, mucho activista inmerso en proceso judicial por determinadas protestas, como cortes en calles o autopistas o disturbios.