El TSJC investigará a los anteriores miembros de la Mesa del Parlament por desobediencia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía contra el anterior president del Parlament, Roger Torrent,y los otros tres miembros de la Mesa de JxCat y Esquerra (Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado) por un presunto delito de desobediencia al dar recorrido parlamentario a iniciativas a favor de la autodeterminación y contra la Monarquía en noviembre de 2019.

La Fiscalía interpreta que los cuatro miembros de la Mesa desobedecieron las advertencias del Tribunal Constitucional al permitir el debate sobre dos resoluciones que habían sido prohibidas. La magistrada María Eugènia Alegret se encargará de la instrucción, según ha informado el TSJC en un comunicado.

Durante su etapa al frente de la presidencia del Parlament, Torrent ha rehuido siempre desafiar a la Ley y los tribunales, como atestiguan sus choques con JxCat y que evitara celebrar, por ejemplo, el pleno telemático para investir a Carles Puigdemont. Y, en este caso, Torrent trató de maniobrar para sortear las advertencia de TC y adelantó la hora de la celebración del pleno para debatir las dos resoluciones -sobre la autodeterminación y para reprobar a la Monarquía- y evitar que llegara a tiempo las notificaciones del TC. Pero no fue suficiente para escapar a la querella de la Fiscalía.

De esta manera, cuatro de los siete miembros de la anterior Mesa del Parlament están en el punto de mira de la Justicia. No es la primera vez que componentes de Esquerra y JxCat tienen que pasar por los tribunales ya que los cinco de la legislatura del “procés” (Carme Forcadell, Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó) han sido condenados: Forcadell, a once años y seis meses, mientras que los otros cuatro a 20 meses de inhabilitación.

Tampoco parece que pueda ser la última vez que miembros de la Mesa del Parlament puedan pasar por los tribunales, aunque por distintos motivos. En este sentido, la actual presidenta Laura Borràs está siendo investigada judicialmente por haber adjudicado presuntamente contratos públicos a dedo a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas. Borràs está investigada por haber cometido presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

También hay otro miembro de la Mesa del Parlament pendiente de juicio. Pau Jauvillà (CUP) está acusado de un presunto delito de desobediencia por no descolgar lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida durante un periodo electoral.