Cataluña

Sentencia histórica: la Justicia tumba la inmersión lingüística en dos escuelas catalanas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña obliga a dos colegios a impartir al menos el 25% de clases en castellano y niega que la “Ley Celaá” blinde la enseñanza en catalán

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Una profesora da la bienvenida a sus alumnos en la Escola Catalonia de Barcelona, con los alumnos con mascarillas. EFE/Enric FontcubertaEnric FontcubertaEFE

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado un paso más para suprimir la inmersión lingüística en Cataluña. Tras la histórica sentencia de diciembre que obligaba a todas las escuelas públicas de la autonomía a dar un 25% de las asignaturas en castellano -aunque aún no se ha aplicado-, ahora ha emitido otra resolución en la que aplica ese mismo criterio y tumba dos proyectos lingüísticos de dos colegios que solo contemplaban el catalán como lengua vehicular.

Las dos sentencias, dictadas el pasado 23 de enero, se han dado a conocer hoy y afectan a un centro educativo situado en Barcelona y otro en Abrera (Barcelona). Ambas se convierten en la primera anulación judicial de dos proyectos lingüísticos en Cataluña y, por tanto, tienen una “trascendencia histórica”, según la Asamblea por una Escuela Bilingüe, organización constitucionalista de referencia en materia lingüística y liderada por Ana Losada.

La AEB sostiene que la sentencia obligará “a cambiar todos los proyectos lingüísticos de los centros educativos públicos de Cataluña”. En este sentido, recuerda el estudio publicado en 2019 que indicaba que el 95% de los centros educativos públicos establecen que solo el catalán es la lengua vehicular de enseñanza. El TSJC ha dictado sentencia a raíz de la solicitud de dos padres, que fueron asesorados por la AEB. La entidad constitucionalista tiene intención de pedir en los próximos días a la conselleria de Educación que dicte las instrucciones pertinentes para que aplique la resolución emitida ya en diciembre.

El propio TSJC recuerda el contenido de ese fallo en el que declaraba la “obligación” de la Generalitat a “adoptar las medidas que sean necesarias” de manera “efectiva e inmediata” para que todos los alumnos reciban la enseñanza mediante el uso vehicular de las dos lenguas oficiales en los porcentajes que se determinen, que “no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso”.

Ley Celaá

Las sentencias también entran a valorar el efecto de la nueva ley educativa, bautizada como “Ley Celaá”, muy polémica porque suprimía en su redactado la referencia explícita al castellano como lengua vehicular y podía dar pie a blindar la inmersión lingüística -de ahí el apoyo de Esquerra-. En este sentido, las resoluciones indican que la “obligatoriedad de que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza deriva directamente de la Constitución” y, por este motivo, la reforma educativa “no afecta al estatus del castellano como lengua vehicular”.

¿Qué es la inmersión lingüística?

La inmersión lingüística inició su camino en Cataluña a principios de los años 80, durante los primeros gobiernos de Jordi Pujol. El objetivo era situar el catalán como lengua vehicular en todas las escuelas públicas y arrinconar el castellano, algo que consiguió el nacionalismo en la educación, como atestigua el informe elaborado por la AEB en 2019.

Ese estudio arrojó una fotografía clara: de los 2.214 centros escolares analizados –un 95% del total de centros que hay en toda Cataluña–, tan solo 126 dan algún año en algún curso una asignatura en castellano, además de Lengua Castellana. Y de esas 126 escuelas, un 95% escogen educación física o artes plásticas para dar en castellano. El resto de asignaturas, todas se imparten en catalán.

¿Y cuándo se dieron los primeros pasos de la inmersión lingüística? Hay que remontarse a 1983, cuando se promulgó la Ley de Normalización Lingüística, que dio cobertura a la inmersión lingüística –dos años antes (1981) se habían traspasado las competencias en educación a la Generalitat–. Pujol optó por estrenar la inmersión en el curso 1984-1985 en 19 escuelas de Santa Coloma de Gramenet, un municipio colindante con Barcelona con una población mayoritariamente castellanohablante. Diez años más tarde, el 75% de las escuelas ya habían asumido el modelo de inmersión lingüística.

El modelo de inmersión lingüística, como recoge la experta en la materia Mercè Vilarrubias en su libro «Por una Ley de Lenguas» (Deusto), es único en toda Europa. Vilarrubias desgrana los dos modelos que se usan para integrar las lenguas oficiales del país o región: por un lado, que es el mayoritario, está el de la doble red escolar a partir del cual los ciudadanos escogen en qué idioma quieren educar a sus hijos; por otro lado, que es más minoritario, está el de la educación multilingüe. En Cataluña, el primer modelo se rechazó bajo el argumento de «no separar a los niños por razón de lengua».