La Justicia obliga a la Generalitat a vacunar a Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha aceptado las medidas cautelares solicitadas por el sindicato Jupol de la Policía Nacional y la asociación Jucil de la Guardia Civil y ha ordenado a la Generalitat la reanudación “sin excusa” y “de inmediato” de la vacunación a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados en Cataluña. Y, además, ha impuesto un plazo: “En un plazo máximo de diez días la vacunación del colectivo aludido deberá haber alcanzado la misma proporción que en el Cuerpo de Mossos d’Esquadra”.

“En un plazo máximo de dos días hábiles a contar desde la finalización del plazo de diez días señalado anteriormente, el departamento de Salut deberá informar a este Tribunal del estado de ejecución de la medida cautelar”, añade la resolución judicial. También se reclama que en un plazo máximo de cinco días se comunique al tribunal “el cargo y datos de identificación de la autoridad responsable del cumplimiento de la presente resolución judicial”. Transcurrido ese plazo, y de no haberse procedido a esa comunicación, el considerará que el responsable es la consellera de Salut, Alba Vergès.

El sindicato Jupol de la Policía Nacional y la asociación Jucil de la Guardia Civil interpusieron el pasado 8 de abril un recurso contra la Generalitat ante el TSJC para obligar a reanudar el programa de vacunación en ambos cuerpos policiales. Tan solo en torno a un 15% de los agentes destinados en Cataluña han recibido la vacuna, mientras que los Mossos d’Esquadra están vacunados al 80%.

Sobre estos datos, el TSJC construye la fundamentación de su resolución. “Resultan elocuentes los datos que se contienen en la página 21 del susodicho informe [de la Generalitat], de los que se desprende que a 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los efectivos del Cuerpo de Mossos d’Esquadra (CME), así como el 68,9% y el 77,9% de los efectivos de las Policía Locales y de la Guardia Urbana de Barcelona (PPLL y GU), frente al 3,6% y 2,8% respectivamente, de los efectivos del CNP y de la GC. A 22 de abril de 2021 -y siguiendo el mismo orden de Cuerpos- esos porcentajes pasaron a ser los siguientes: 80,3; 71,2; 79,1; 9,9; y 6,3″, señala.

“No son necesarias demasiadas pruebas para entender que la demora en la vacunación de los funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están en activo, puede situar a tales funcionarios en una situación de riesgo para su salud (incluso de riesgo grave o irreparable) superior a otros grupos de población”, apunta la resolución. Y, el propio tribunal advierte de que la obligación de reanudar la vacunación a ambos cuerpos policiales “no tiene por qué traducirse en un perjuicio para otros grupos de población” porque “el contingente de Policía Nacional y de Guardia Civil en Catalunya sea reducido” y va a llegar nuevas remesas de vacunas. “En todo caso, no parece razonable que a estas alturas, habiéndose vacunado el grueso de los cuerpos policiales catalanes, se siga relegando a los miembros del CNP y de la GC con destino en Catalunya”, zanja.

La Fiscalía se ha posicionado a favor de que se retome la vacunación a los agentes de ambos cuerpos policiales.

El Gobierno, a la vista de la desatención de la Generalitat, anunció el pasado miércoles que asumiría la vacunación de los dos cuerpos policiales. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se mostró muy crítica con el gobierno catalán, al que acusó de ser la única autonomía en la que se han dado problemas para administrar dosis a los cuerpos policiales nacionales. Hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, también se ha mostrado en la misma línea y ha garantizado la vacunación de los policías, aunque ha evitado revelar qué medidas tomarán si la Generalitat incumple el plazo.

Generalitat

La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reaccionado de inmediato y ha argüido que el retraso en la vacunación a Policía Nacional y Guardia Civil se debe a que dispusieron “más tarde” de los datos para iniciar la campaña. Asimismo, ha acusado al Estado de paralizar la vacunación con AstraZeneca y ha dicho que solo se ha retomado para colectivos de entre los 60 y 65 años y, por tanto, quedan exentos los colectivos esenciales, como Mossos d’Esquadra, agentes rurales o profesores.

“Ninguna discriminación. Se ha parado la vacunación, como con el resto de colectivos esenciales”, ha insistido Budó. En cualquier caso, la portavoz de la Generalitat ha asegurado que en el departamento de Salud se está estudiando cómo dar cumplimiento a la resolución judicial y a las “directrices” del Gobierno en el plan de vacunación.