Al Govern de Puigdemont no le alcanza para las fianzas del Tribunal de Cuentas

«¿Ir a prisión? Yo podría aguantar tener que ir a prisión, pero no si van contra el patrimonio; pensamos en la familia... nuestras decisiones pueden afectar a nuestras familias...». Estas palabras son del exconseller de Empresa Jordi Baiget, pronunciadas en julio de 2017, justo en la antesala de la fase más intensa del «procés»: la del referéndum ilegal del 1-O y la de la declaración unilateral de independencia del 27-O. Baiget, que poco después fue cesado, destapó uno de los máximos temores que recorrían a los miembros del Govern y, algunos, como Jordi Turull, maniobraron ya desde el primer momento (junio de 2017) para traspasar los bienes a familiares ante el miedo a futuros embargos por las consecuencias que podían conllevar sus acciones a los mandos de la Generalitat.

De hecho, la Fiscalía llegó a abrir una investigación contra Turull por un presunto delito de insolvencia punible al considerar que el exconseller se desprendió tres meses antes del 1-O de parte de sus bienes para burlar posibles responsabilidades civiles que pudieran imponérsele: en concreto, traspasó a su mujer la vivienda y la cuenta corriente. Y es que los consellers de Puigdemont se jugaban mucho patrimonio en el «procés»: según publicó este diario ya a finales de 2017, 3.348 millones de euros, una cantidad que ahora no alcanzaría ni para hacer frente a los 5,4 millones de euros de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas.

Además, hay que tener en cuenta que el Tribunal de Cuentas no responsabiliza a todo el Govern ya que, entre los 34 exaltos cargos del Govern implicados por la promoción del «procés» en el exterior entre 2011 y 2017 se ha quedado fuera el propio Turull. Los nombres más destacados son, como no, los primeros espadas de ese Ejecutivo: Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, para quien se reclama 1,9 millones de euros.

En este sentido, el expresident, con datos de 2018 –la última vez que se puede comprobar su declaración de bienes porque la tuvo que hacer para ser diputado en el Parlament–, tenía un patrimonio de 150.000 euros. En concreto, había declarado una vivienda al 50% por valor de 280.000 euros (es decir, 140.000 euros) y 10.000 euros en cuentas corrientes. Además, albergaba un buen volumen de deudas: 105.000 euros en hipoteca y 14.000 euros en préstamos pendientes. Lo cierto es que ya en su momento causó bastante sorpresa el bajo patrimonio que ostentaba una figura con la trayectoria de Puigdemont, que había sido cinco años alcalde de Girona y 12, diputado en el Parlament.

Por su lado, Junqueras disponía de un patrimonio de 348.000 euros cuando era vicepresidente de la Generalitat, desglosado en una vivienda al 50% por valor de 200.000 euros; una vivienda de 60.000 euros; 19.000 euros en cuentas corrientes; 57.000 euros en acciones; y, 111.000 euros en pensiones. Esos bienes, también es cierto, han variado posteriormente: sobre todo, a nivel residencial ha reducido su propiedad, pasando del 50% al 25% en la vivienda habitual (es decir, ahora serían 50.000 euros), según consta en la declaración de bienes de 2018 como diputado en el Congreso; y, se ha deshecho de la otra vivienda de 60.000 euros. En cambio, ha aumentado el dinero destinado a planes de pensiones, que ha pasado de 111.000 euros a 210.000 euros.

El otro gran implicado del Govern es el exconseller de Exteriores Raül Romeva, a quien se le reclaman 2,1 millones de euros. Romeva, cuando estaba en el Govern, disponía de un patrimonio inmobiliario de 284.000 euros (dos propiedades al 50% por 568.649 euros); una cuenta corriente con 4.000 euros; un plan de pensiones con 7.000 euros; y, un plan de pensiones con 7.000 euros. Además, tenía 32.000 euros de hipoteca por amortizar.

Puigdemont, Junqueras y Romeva son los tres rostros del Govern del 1-O más perjudicados por la causa del Tribunal de Cuentas, aunque también aparecen otros nombres notables, como Artur Mas y el exconseller y prestigioso economista (candidato a premio Nobel), Andreu Mas-Colell, a quien se les reclama 2,8 millones de euros. El expresident Mas ya tuvo que hacer frente a una causa del Tribunal de Cuentas por el 9-N –entonces, el órgano fiscalizador reclamó, en total, 4,9 millones de euros a todos los responsables de la consulta de 2014–: en 2015, la última vez que Artur Mas hizo público su patrimonio, ostentaba oficialmente algo más de 600.000 euros (230.000 euros en vivienda).

En cualquier caso, el órgano fiscalizador pide 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos de la Generalitat por la promoción del «procés» a nivel internacional entre 2011 y 2017. Parece ahora muy difícil que puedan hacer frente a la cantidad demandada. De momento, no se ha concretado con qué medios: porque hasta ahora el independentismo podía ir afrontando los costes judiciales gracias a la Caja de Solidaridad –hucha con fondos recaudados por las bases–, pero esa fuente de dinero parece haber llegado al límite. En el propio Govern asumen que será muy difícil que la calle, cada vez más desmovilizada, vuelva a responder y contribuir económicamente para salvar a los dirigentes separatistas como en anteriores ocasiones. En este sentido, JxCat, partido que forma parte del Govern y tiene mano en las arcas públicas (ostenta la conselleria de Economía), ha propuesto que la Generalitat se haga cargo de la fianza, un escenario que puede complicar todo un poco más porque, precisamente, el órgano fiscalizador ha abierto una causa por el supuesto desvío de fondos públicos.

El calendario, en todo caso, apremia. El Tribunal de Cuentas ha dado 15 días hábiles desde el pasado 30 de junio para que los implicados depositen la fianza de 5,4 millones de euros: si no, empezarán los embargos.