ERC descarta que el Govern pague la multa por el “procés”

La semana política ha empezado en Cataluña con la polémica derivada del pago de 5,4 millones de euros en concepto de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 altos cargos y exresponsables del Govern –entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– por los gastos destinados a promocionar el «procés» en el plano internacional entre 2011 y 2017. Una circunstancia que permite al independentismo redoblar las críticas hacia el Estado, aunque también deja en evidencia la división estratégica existente entre JxCat y ERC.

Una vez más, los dos socios del Ejecutivo no se ponen de acuerdo y discrepan en público sobre cómo afrontar el pago: los posconvergentes quieren cargar a la Generalitat el aval de los 5,4 millones, mientras los republicanos esquivan esta vía y piden explícitamente reactivar ya la «solidaridad independentista» de la calle para afrontar el desembolso en un máximo de dos semanas y media. Eso sí, a falta de conocer qué ocurrirá con los avales, la Generalitat está estudiando cómo apoyar jurídicamente a las personas afectadas por las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas bajo el «principio de indemnidad», que garantiza el derecho de los funcionarios públicos a ser defendidos por su administración. En este sentido, tambiénse está estudiando qué grado de cobertura puede tener este derecho a la defensa por si también pudiera incluir el pago de las fianzas.

Como primera fuerza al frente de la Generalitat, Esquerra conoce bien los peligros que entraña la maniobra de destinar fondos públicos para los avales –el Govern podría incurrir en posibles delitos de malversación o prevaricación– y busca fiar el montante a la hucha independentista que las entidades llevan promocionando y custodiando desde el 1-O. «Nuestra fuerza como movimiento independentista es la solidaridad», aseguró ayer la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta para pedir explícitamente que se retome la campaña de la Caja de Solidaridad de la ANC y Òmnium para recaudar fondos e ir pagando fianzas, multas o abogados por causas relacionadas con el «procés». «Como sabemos que la solidaridad es nuestra principal fortaleza, queremos hacer evidente desde ahora hasta el 21 de julio [en referencia a la fecha límite para afrontar el pago ante el Tribunal de Cuentas] que hay un pueblo detrás acompañando a estas personas». apostilló.

Los problemas en este sentido son dos para ERC: la hucha independentista no está vacía pero no contiene ni de lejos los 5,4 millones de aval para las fianzas; y la ANC, la entidad promotora y principal impulsora del «procés» en la calle, criticó ayer que se quiera achacar a la sociedad civil independentista el pago. A su juicio, esta decisión «debilitaría al movimiento independentista» y dejaría «tocada la credibilidad» del Govern de cara al futuro porque se estaría renunciando a la «defensa de la legitimidad» del Ejecutivo.

Un discurso muy parecido al pronunciado por JxCat, socio de ERC en el Govern, en boca de Elsa Artadi, quien no dudó en poner el foco en el Govern capitaneado por ERC al reclamar «un primer paso contundente y sin fisuras» para que el Ejecutivo avale los 5,4 millones de euros del Tribunal de Cuentas, a depositar antes del 21 de julio. Y presionó al president Pere Aragonès con dos argumentos en uno: los afectados actuaron «en nombre y siguiendo directrices políticas del Govern de la Generalitat»; y estaban realizando «el trabajo para el que la ciudadanía los había escogido». «Creemos que es fundamental que el Govern de la Generalitat dé un paso en la defensa de estas 34 personas porque no solo es defender a los trabajadores sino la legitimidad misma del propio Govern», zanjó a renglón seguido vinculando directamente la causa con la institución.

Y es que, sabedor de la dificultad legal que entraña el hipotético aval que exige parte del independentismo, el president Aragonès ya explicó este fin de semana que los servicios jurídicos del Govern están estudiando las vías que están al alcance, aunque reconoció en una entrevista a «El Periódico» que «es difícil, porque tiene que permitir dar cobertura efectiva, no retórica». «Buscaremos mecanismos para amparar a estas personas y proteger nuestras competencias. Tendremos que activar mecanismos de solidaridad desde la sociedad», aseguró al respecto.

Si el citado 21 de julio no se han depositado las fianzas de forma solidaria, el Tribunal de Cuentas procederá al embargo de sus bienes. Los principales implicados son Junqueras y Puigdemont.