La oposición pone la lupa sobre el Govern por posibles delitos con el pago de la fianza al Tribunal de Cuentas

La Generalitat ha creado un fondo con 10 millones de euros para cubrir las fianzas de los 34 exaltos de la Generalitat encausados por el Tribunal de Cuentas y la oposición ha advertido ya de la posibilidad de que se esté incurriendo en un delito de malversación de caudales públicos. En concreto, tanto el PSC como Ciudadanos han salido ya a alertar contra la posibilidad de que el Govern esté cometiendo una ilegalidad.

Los socialistas catalanes ya ayer alertaron del riesgo de que se cometa una delito de “malversación” si la Generalitat deposita la fianza y hoy la portavoz Alícia Romero ha reclamado que se “actúe dentro de la legalidad”. Ha dicho que si la Ley permite estos avales, los respetarán, aunque ha advertido de que hay “dudas” porque se han manifestado dentro del propio Govern. “Hay disputa sobre la idoneidad de dar estos avales”, ha afirmado Romero, que tampoco ha querido profundizar demasiado porque no conoce todos los detalles aún.

En cualquier caso, la socialista ha exigido de nuevo a Pere Aragonès que convoque la mesa de partidos para que el Govern vaya con una postura de consenso a la Mesa de Diálogo porque ha alertado que ir con la “amnistía y la autodeterminación” es “divisivo”. “El Gobierno de España ha hecho un esfuerzo importante con indultos”, ha considerado.

En Ciudadanos, Nacho Martín Blanco, ha advertido de que si Aragonès compromete recursos públicos, estará incurriendo en delitos de “encubrimiento y prevaricación”. “Defenderemos siempre los intereses generales de los catalanes. No es normal que la Generalitat sufra los excesos de los dirigentes independentistas y cuando llega el momento de exigir responsabilidades nos dicen que le pagaremos la fiesta”, ha afirmado.

En Catalunya en Comú-Podem, David Cid, ha considerado “injusto” cómo funciona el Tribunal de Cuentas y, por ello, ha anunciado que están promoviendo desde el Congreso de los Diputados una reforma de este ente para cambiar el sistema de elección y “esclarecer” cómo está funcionando. Sobre la decisión del Govern, ha asegurado que “tiene que estar sustentada jurídicamente” para evitar que el remedio “no acabe siendo recurrido”.

CUP

La CUP sí se ha mostrado a favor del apoyo de la Generalitat a los “represaliados”, aunque ha advertido de que “no se pueden generar situaciones de distinción”, en referencia a que la administración pública defienda a algunos y luego se persone contra activistas independentistas. “Vamos a defender toda fórmula que se ponga al lado de personas represaliadas, pero la Generalitat tiene que dejar de personarse contra personas independentistas”, ha añadido.

En cualquier caso, el Govern de Esquerra y Junts per Catalunya ha ideado una fórmula algo alambicada para afrontar el pago de los 5,4 millones de euros en concepto de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 altos cargos y exresponsables del Govern –entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– por los gastos destinados a promocionar el «procés» en el plano internacional entre 2011 y 2017. Se trata de un “fondo complementario de riesgos”, con una aportación inicial de 10 millones -el doble del montante de 5,4 millones reclamado por el ente fiscalizador- para el rescate de los “servidores públicos en el ejercicio de su cargo” que actuará como garantía para que una entidad bancaria privada -cuyo nombre no se ha desvelado- sí avale las multas.