España

Iceta | Ni Política Territorial ni nuevo portavoz; ministro de Cultura

El veterano dirigente del PSC pierde la cartera de Política Territorial y Función Pública seis meses después de asumirla. Ahora será titular de Cultura y Deportes, pero seguirá de cerca la carpeta catalana

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 9 de junio de 2021.
EUROPA PRESS/E. Parra. POOL
09/06/2021
El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, interviene en una sesión de control al Gobierno, a 9 de junio de 2021. EUROPA PRESS/E. Parra. POOL 09/06/2021EUROPA PRESS/E. Parra. POOL Europa Press

Miquel Iceta (Barcelona, 1960) sonaba desde hace tiempo como posible portavoz del Gobierno, pero finalmente no lo será. Iceta, que se convirtió en ministro hace apenas seis meses al asumir Política Territorial y Función Pública, se ve obligado ahora a perder peso en el Ejecutivo dejando esta cartera y pasando a ser titular de Cultura y Deportes.

Aunque es evidente que Iceta pasa a dirigir un ministerio de menor peso político, su figura no se diluye por completo, puesto que mantiene el encargo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ayudar a encauzar las conversaciones de la mesa de diálogo, cuya reactivación está prevista en septiembre.

Tampoco se diluye la cuota de poder del PSC dentro del Consejo de Ministros, puesto que a Iceta se añade una nueva dirigente de los socialistas catalanes, la hasta ahora alcaldesa de Gavà (Barcelona), Raquel Sánchez, que se convierte en ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, en lugar de José Luis Ábalos.

Seis meses de ministro: indultos e interinos

Iceta apenas ha estado medio año como ministro de Política Territorial, tiempo de sobras para insistir a Sánchez en que los indultos a los presos del 1-O eran parte de la solución para reconducir la situación con los independentistas y también para dejar su huella respecto a la situación de los interinos en la administración pública.

El pacto alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos establece que los contratos temporales tendrán una duración máxima de tres años y que esas plazas tendrán que incorporarse a ofertas de empleo público teniendo el interno, además, derecho a la permanencia en su puesto de trabajo siempre y cuando esté en marcha el proceso selectivo.

En virtud de este mismo acuerdo, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral.