Se busca banco que “avale” los 5,4 millones de multa por el “procés”

La Generalitat sigue sin bancos para abonar el dinero exigido por el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos del Govern

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A 24 horas de que concluya el plazo para depositar los 5,4 millones de euros de fianza que reclama el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos del Govern por gastos en el “procés”, la Generalitat sigue sin bancos para abonar el dinero. El Govern aprobó el pasado 6 de julio la creación de un fondo dotado de 10 millones de euros para hacer frente a este tipo de circunstancias y proteger a los empleados públicos, pero requería de un banco intermediario como aval para hacer la operación (el ejecutivo catalán actuaría como contraaval).

En este sentido, el conseller de Economía, Jaume Giró, ha salido hoy a explicar que todos los bancos y cooperativas de crédito tanteados hasta ahora han rechazado la oferta de la Generalitat para formalizar la operación. “Es una operación técnica que no tiene riesgo financiero, jurídico y comercial”, ha sostenido Giró, un conseller con una amplia trayectoria en el sector bancario, pero que ha sido incapaz de convencer, de momento, a ninguna entidad financiera para esta operación.

El conseller ha evitado dar detalles de por qué los bancos han rechazado a la Generalitat, pero ha dejado entrever que se ha debido al “miedo” que genera involucrarse en cuestiones vinculadas al “procés”. “Mucho ruido y poco tiempo”, ha afirmado el titular de Economía, que ha insistido en que el fondo creado está dotado de seguridad jurídica. También es cierto que ha dicho que no le consta que haya habido “presiones” sobre los bancos, aunque ha puesto de relieve todas las declaraciones “elevadas de tono” desde algunos sectores políticos, como “partidos de derecha y extrema derecha” que denunciaban que había “fraude de ley, prevaricación y malversación”. Lo cierto es que el Gobierno y el PSC tampoco han puesto pegas a nivel jurídico sobre este fondo, que está creado para avalar a los empleados públicos: si fueran condenados, tendrían que devolver el dinero.

El Tribunal de Cuentas reclama una fianza de 5,4 millones de euros a 34 exaltos cargos de la Generalitat (entre los cuales están Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras) por gastos para promocionar el “procés” a nivel internacional entre 2011 y 2017. “Persistiremos en las diversas vías abiertas”, ha aseverado Giró, quien ha explicado que, a la espera de convencer a alguna entidad financiera, los implicados tendrán que avalar con sus bienes y también se tendrán que aferrar a la solidaridad de las entidades sociales (como la Caja de Solidaridad formada por el independentismo civil, liderado por la ANC y Òmnium). Giró ha explicado que también quieren evitar comprometer a los profesionales del Institut Català de Finances (ICF) para dar curso a la operación. “Queremos evitar la angustia, miedo e inquietud en los miembros del ICF y sus familias”, ha dicho.

Giró ha contactado con las entidades financieras que mayor presencia tienen en Cataluña, aunque ha evitado dar detalles sobre los nombres. El conseller ha criticado que el Tribunal de Cuentas haya rechazado alargar el plazo para depositar las fianzas, aunque confía en que los embargos no empiecen de manera automática y se den unos días. Durante ese margen, Giró confía en que se pueda incorporar a alguna entidad financiera a la operación ya que siguen manteniendo contactos. “Este fondo tiene como finalidad única dar seguridad a los trabajadores públicos”, ha añadido.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Giró también ha dejado entrever su voluntad de que la Generalitat regrese al Consejo de Política Fiscal Financiera. Hasta ahora, el conseller de Economía de los anteriores gobiernos catalanes había estado plantando a la Moncloa en este encuentro que reúne a los consejeros autonómicos de finanzas con el Gobierno para abordar cuestiones como el objetivo de déficit. Giró ha asegurado que es una cosa que se deberá abordar en el seno del Govern porque las “decisiones son colegiadas”, pero también ha querido dar su punto de vista, que pasa por estar “en todos los lados” en los que pueda mejorar la situación económica de los catalanes. “Yo creo que deberíamos de estar”, ha afirmado.

Este punto de vista rompe con la estrategia del independentismo, que ha querido desmarcarse de todos los foros multilaterales y centrarse en mantener una relación bilateral con el Gobierno.